La agenda pendiente de Junín
De acuerdo al último corte de información de concesiones mineras, el departamento de Junín se encuentra concesionado a la minería en un 19.63 %, que equivale a 866,353.5 hectáreas. Esta área es menor en relación a la de mayo pasado 2,123 hectáreas. Sin embargo, con respecto a octubre del año pasado, el territorio ocupado por las concesiones mineras fue mayor en un 0, 28 %, lo que equivale a 12,493.3 hectáreas de extensión.
Las concesiones mineras de concentran en el oeste de la región, sobre todo en la zona alto andina, en provincias como Yauli, Concepción, Junín y Chupaca.
En este semestre Junín figura como el primer productor de plata, el segundo productor de zinc, el tercer productor de plomo y el quinto productor de cobre. En cuanto a inversión en proyectos de construcción de mina el monto se mantiene en US$ 2,275 millones.
Los conflictos sociales también siguen siendo 8, al igual que el semestre anterior. De ellos, 5 están activos y 3 latentes y la mayoría tiene vinculación con actividades extractivas. A continuación detallamos los principales conflictos de la región.
El caso Toromocho
En la primera semana de junio la empresa Chinalco anunció el inicio de la ampliación de su mina Toromocho, valorizada en $1300 millones. La meta es aumentar su producción en un 45%.
Esto llevó a que se retomen las negociaciones entre el MINEM, la empresa minera, la Municipalidad Distrital de Morococha y las familias que aún ocupaban la Antigua Morococha (lugar que se necesita desocupar para realizar la ampliación). Hasta entonces, el clima de tensión se había agudizado debido a la expropiación de 34 hectáreas en esta zona efectuada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) a inicios del 2018. Para ellos se aplicó inadecuadamente la Ley 30680, norma que fue dada para facilitar la inversión en infraestructura pública.
Ante ello, las familias presentaron recursos de reconsideración, apelación y posteriormente, el 29 de mayo, una demanda de amparo. Con estos procedimientos en curso decidieron permanecer en ese lugar. Este escenario, sumado a las movilizaciones sociales y el hecho que Chinalco necesitaba iniciar la ampliación, permitió que finalmente los actores involucrados se pusieran de acuerdo ´para iniciar el diálogo.
Como consecuencia de ello, se acordó la creación del Fondo Social Toromocho que tiene como objetivo adquirir un terreno de 34 hectáreas o más para desarrollar proyectos productivos. Chinalco se comprometió a elaborar el estudio técnico de un Proyecto de Desarrollo Sostenible; el MINEM, en coordinación con la PCM, debía encargarse de la valorización de la infraestructura pública que debió ser compensada y que no fue incluida en el EIA del proyecto minero.
Asimismo este ministerio se comprometió, junto al gobierno local, a realizar acciones para el desarrollo de la infraestructura pública. También asumió el compromiso de gestionar una reunión de las autoridades locales con el Ministerio de Economía y Finanzas para que éste les explique los asuntos relacionados con el canon minero. Respecto a las familias no reasentadas, Chinalco se comprometió en continuar con la adquisición de predios en la zona de influencia de manera armónica. También se acordó que el 13 de junio se reanudaría la Mesa de Negociación del Convenio Marco y la Mesa de Diálogo para el proceso de reasentamiento poblacional, con la facilitación de la Oficina de Gestión social del MINEM. Estos espacios se constituyeron con la población mayoritaria que aceptó trasladarse a la Nueva Ciudad de Morococha el año 2012.
El 13 de junio se llevó a cabo la Mesa de Diálogo para el proceso de reasentamiento poblacional de Morococha, acordándose lo siguiente: (1) ratificar el reinicio de la mesa de diálogo; (2) entrega de información del MINEM a la Municipalidad de Morococha sobre la pérdida de los beneficios de los programas sociales en el distrito y (3) la modificación de los lineamientos de la negociación del Convenio Marco y otros.
La Mesa de Diálogo sobre el proceso de reasentamiento poblacional de Morococha se volvió a reunir el 26 de julio, en la ciudad de Huancayo, en la que se presentó un informe a cargo de la empresa Minera Chinalco. La sociedad civil de Morococha, solicitó suspender la reunión y las sesiones de la mesa de diálogo hasta concretar una audiencia con el Ministro de Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros, para conversar sobre el maltrato que sufrieron el 21 de junio en la reunión de la negociación del convenio marco.
Posteriormente, el 5 de septiembre el alcalde de la Municipalidad Distrital de Morococha, representantes de la Sociedad Civil, Comité de Lucha y la Comisión de Ecología – PASSDIH del Arzobispado de Huancayo, se reunieron y acordaron un paro preventivo para el 18 de setiembre y la suspensión de la Mesa de Diálogo hasta que se resuelva la transferencia de las 34 hectáreas de tierras comprometidas.
En una reunión que se produjo el 21 de septiembre en la ciudad de Lima, entre el Viceministro de Minas, representantes de la Sociedad Civil de Morococha y el alcalde del distrito de Morococha, se acordó que se presentaría una propuesta sobre el eje económico del Convenio Marco. Este tema responde a la problemática de la población reasentada desde el 2012 y las dificultades que existen en la nueva ciudad para desarrollar actividades productivas o de servicios, debido a que se ubica fuera del circuito económico local.
El 27 de septiembre, pobladores de Morococha Antigua, realizaron un paro preventivo de 24 horas, solicitando que la empresa Minera Chinalco no ocupe las 34 hectáreas de terreno expropiadas hasta que se entable un diálogo con las familias que residen en el sector, se garantice su derecho a ser reasentados y se suscriba el Convenio Marco.
Como consecuencia del paro, el 28 de setiembre, en la ciudad de La Oroya, se realizó una reunión entre los representantes de la sociedad civil, el alcalde del distrito de Morococha, representantes de empresa Minera Chinalco y la Oficina de Gestión Social del MINEM. En la reunión no hubo acuerdo debido a que los representantes de la población y el alcalde no presentaron la propuesta económica para el Convenio Marco. La reunión quedó suspendida hasta que se cumpla con presentar la propuesta.
La Oroya y el complejo caso de su complejo metalúrgico
Como se recuerda, el año 2009 Doe Run Perú paralizó operaciones por problemas financieros. La empresa se declaró insolvente y tomó posición la junta de acreedores. Había dos caminos a seguir, la restructuración o la liquidación. Se optó por la segunda, en la modalidad de liquidación en marcha, que quiere decir que la venta de los activos (el complejo Metalúrgico de La Oroya y la Mina Cobriza) procede sin que el negocio deje de funcionar.
La realización de la liquidación fue encargada a un tercero, que en la actualidad es la consultora Dirige. A la fecha, los activos de Doe Run Perú, todavía no han sido vendidos, pese a que han transcurrido varios años. En ese proceso se ha pasado de una subasta privada (que supone una identificación e invitación a postores y la presentación de ofertas por éstos en sobre cerrado) a 9 subastas públicas (en este caso la convocatoria es abierta a todos los interesados).
Ante el fracaso de las subastas, los trabajadores, que son parte de la Junta de Acreedores, solicitaron que se les adjudique directamente los activos de DRP. Para que esta opción pueda implementarse, se modificó (mediante Ley 30844), la Ley General del Sistema Corcursal. De esta manera toda empresa que es declarada en insolvencia y que tiene procedimiento por liquidación ante Indecopi pueda realizar ventas directas de sus activos si se han dado tres convocatorias a remate sin éxito. Como los acreedores laborales no ejercieron su derecho de opción para adjudicarse los activos, debido a que su socio no habría conseguido el financiamiento necesario para hacerse de los activos de DRP, a fines de agosto, también se prorrogó el plazo de dos años para realizar la liquidación en marcha, ampliándose, de manera extraordinaria, a dos años más (Ley 30502).
A inicios de septiembre, la Junta de Acreedores se reunió y acordó que hasta el 28 de ese mes, los acreedores laborales podían ejercer su opción de adjudicación directa. Ya han vencido todos los plazos y va quedando en evidencia que el Complejo Metalúrgico de La Oroya no tiene mayores posibilidades de ser reactivado. La situación actual es consecuencia de las pésimas decisiones tomadas por las autoridades que pasaron en los últimos 15 años por el Ministerio de Energía y Minas, el comportamiento irresponsable de Doe Run y todos sus aliados que cayeron en el juego de esta empresa. Las consecuencias las pagan hoy en día los trabajadores, sus familias y toda la población de esta localidad. El pasivo social y ambiental que deja Doe Run es enorme.
Andaychagua: impactos ambientales de larga data
El centro poblado menor Andaychagua viene denunciando desde el año 2016 graves problemas de contaminación: diversas emisiones contaminantes y afectación de fuentes de agua, que provendrían de las operaciones de la empresa Volcán. El año pasado se denunció contaminación por un efluente proveniente de la bocamina B-AN-23, frente a lo cual OEFA dispuso que en un plazo no mayor de 10 días hábiles la empresa colectara y tratara el efluente. En el plan de cierre de mina y en su actualización posterior este componente no tenía efluentes. El OEFA también dispuso que en un plazo no mayor de 30 días hábiles se remediara el suelo.
En noviembre de 2017, ante la protesta ciudadana frente a la contaminación se instaló una mesa de diálogo que ha venido reuniéndose. El 27 de febrero de 2018 las partes acordaron la realización de un estudio de tasación en el centro poblado y sus dos barrios en un plazo máximos de 4 meses, con miras a un reasentamiento.
En julio la empresa Volcan Compañía Minera presentó el estudio de tasación y el 14 de agosto, en las instalaciones del Gobierno Regional de Junín, se desarrolló una reunión de diálogo con el objetivo de abordar los temas referidos al reasentamiento. El 27 de setiembre, en una nueva reunión los pobladores rechazaron la propuesta de reasentamiento planteada por la empresa minera.
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