Hoy, 26 de junio de 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas-Tambobamba declaró fundado el pedido del Ministerio Público de sobreseimiento (archivo del proceso) respecto de dos delitos imputados a 19 defensores de derechos humanos y ambiente de Cotabambas. Los ciudadanos, miembros del pueblo indígena quechua, vienen siendo procesados hace más de 10 años, tras las protestas ocurridas en septiembre de 2015 en el contexto del conflicto por el proyecto minero Las Bambas.
La decisión judicial pone fin al proceso, en primera instancia, únicamente por dos de los delitos que se les atribuye: el de daños agravados y el de producción de peligro común con medios catastróficos, al considerar que no existen elementos de convicción para acreditar qué acciones específicas habría realizado cada uno de los investigados.
Durante la audiencia, se mencionó que la Fiscalía informó que, a lo largo de la investigación, reunió 56 elementos de prueba, entre ellos fotografías, actas, informes técnicos, una pericia que valorizó los daños materiales de la empresa MMG Las Bambas en aproximadamente dólares 88 600, además de actas de incautación de armas, explosivos y otros objetos.
Sin embargo, el juez concluyó que, si bien existen evidencias de que durante las protestas se produjeron daños, no fue posible identificar de manera individual la participación de cada uno de los procesados en esos hechos. Asimismo, señaló que la sola presencia en una manifestación o la posesión de determinados objetos no constituye una prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal por esos delitos.
El magistrado explicó que la ley exige contar con elementos de convicción que vinculen directamente a cada persona con los hechos investigados antes de llevarla a juicio. En este caso, consideró que ese requisito no se cumplía y que, además, después de más de diez años de investigación, no existe una posibilidad razonable de obtener nuevas pruebas que permitan cambiar esa situación.
Durante la audiencia, también se mencionó que la empresa MMG Las Bambas, como parte agraviada, se opuso al pedido de sobreseimiento respecto del delito de daños agravados y solicitó que el caso fuera revisado por un fiscal superior. No obstante, el juez rechazó esta solicitud al considerar que la defensa legal de la referida empresa no presentó elementos de convicción que formaran una idea en el juzgado de que el sobreseimiento no era procedente.
El juez también mencionó los argumentos de la defensa de los acusados: no hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de sus representados y, tras más de 10 años de investigación, ya no es posible incorporar nuevos elementos. Por eso, la defensa de los líderes de Cotabambas pidió que se declare procedente el sobreseimiento.
En consecuencia, el juzgado declaró infundada la oposición presentada por la defensa legal de la empresa minera. Resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento, con lo que el proceso quedó archivado, en primera instancia. Esta decisión se refiere únicamente a los dos delitos mencionados, de daños agravados y producción de peligro común con medios catastróficos. La defensa legal de la empresa minera señaló que apelará dicha resolución de archivo.
Igualmente, cabe resaltar que aún está pendiente debatir en la Audiencia de Control de Acusación si procede ir a juicio, como lo solicita la fiscalía, respecto de otros tres delitos (tenencia ilegal de armas y explosivos, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos). Al respecto, la defensa técnica de los acusados, el abogado David Velazco Rondón, se ha opuesto a la acusación y ha solicitado el sobreseimiento del proceso, también, por esos tres delitos
La próxima audiencia fue programada para el 31 de julio a las 4:00 p. m., fecha en la que continuará el debate de la acusación por los delitos que siguen siendo materia del proceso.
Antecedentes
En 2015, comunidades quechuas de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, cuestionaron la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, al considerar que se realizó sin un proceso adecuado de consulta previa, libre e informada y, que podía afectar sus derechos a la vida, integridad personal, territorios y a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado
Ante la falta de respuesta a sus demandas de diálogo con el Estado y la empresa, las comunidades realizaron jornadas de protesta entre el 25 y el 29 de septiembre de 2015, ejerciendo su derecho a expresarse libremente y que públicamente se conociera que el Estado ni la empresa atendían su legítima demanda de diálogo. Durante esas movilizaciones, se registraron hechos de violencia que dieron lugar a arbitrarias investigaciones penales impulsadas por la Fiscalía y falsas denuncias presentadas por la empresa minera en contra de las personas defensoras de derechos humanos y ambiente como supuestas autoras de los hechos de violencia, cuando en la realidad nunca fue así.
Como resultado de ese proceso, 19 defensores de derechos humanos y ambientales, integrantes de comunidades quechuas de Cotabambas, fueron procesados penalmente. El caso permanece abierto desde hace más de diez años.
26/06/2026
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