Glencore adquirió terrenos para el proyecto Coroccohuayco a 65 dólares la hectárea

El presidente de la comunidad de Pacopata, Felipe Kana, denunció que la empresa minera suiza Glencore habría adquirido 408 hectáreas de terreno de mala fe para el proyecto Coroccohuayco, ubicado en la provincia de Espinar. Dicho proyecto cuenta con una inversión estimada en US$ 590 millones y le daría a la empresa 30 años más de permanencia en el territorio.

Este proyecto involucra directamente a las comunidades originarias de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco donde, según lo denunciado por Felipe Kana, la empresa minera habría adquirido las tierras a 65 dólares cada hectárea como si fueran predios privados. También denuncia que no se ha reubicado apropiadamente a las poblaciones, debido a que se les han puesto en otro lado en donde no tienen las mismas condiciones para desarrollar sus actividades agrícolas.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz destacó que estas transferencias de propiedades carecen de legalidad y de validez, pues el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas sostiene que un comunero individual no tiene facultad para vender tierras debido a que esta decisión solo la puede tomar la asamblea de la comunidad campesina cuando 2/3 de los comuneros calificados así lo decidan.

Sin embargo, la estrategia de la empresa minera es comprar de manera individual. De esa manera, las comunidades perderían todos sus derechos territoriales como pueblos indígenas, como el de beneficiarse de las actividades extractivas, el acceso a los recursos naturales que garantizan su subsistencia y cualquier posibilidad de reclamar sus derechos. Es así como la empresa Glencore podría burlar la consulta previa.

Por su parte, Ana Leyva, abogada y subdirectora de CooperAcción, señaló que con el crecimiento de la actividad minera en Espinar se ha comprado tierras de comunidades como si se tratara de predios privados, lo que implica una vulneración de un conjunto de derechos colectivos relacionados a la identidad, cultura e integridad del territorio. Esta situación puede acarrear una serie de impactos que si no son identificados oportunamente no serán ni visibilizados ni asumidos por los responsables. 

En este sentido, Leyva advirtió que la explotación del proyecto Coroccohuayco va a implicar desplazamiento de población. Ella afirma que el desplazamiento y reasentamiento en una nueva zona debe cumplir estándares internacionales, pero no está previsto así debido a que el tema no ha sido discutido en el Estudio de Impacto Ambiental como debió ocurrir con la afectación de un conjunto de derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia minera. En este sentido,  tampoco se ha discutido las medidas a ejecutar o que se piensan realizar para mitigar o compensar daños debido a que  en la legislación actual no se exige que se determinen los impactos en los derechos colectivos, por lo cual depende de la voluntad de las empresas si aplican el principio de debida diligencia.

Finalmente, Leyva considera que los impactos sobre derechos colectivos deberían estar determinados y sobre eso dialogar con las comunidades. Además, señala que los procesos de reasentamiento y desplazamiento deberían cumplir los estándares internacionales así no lo digan las normas peruanas.

05/07/2022