Un nuevo capítulo de violencia vinculada a la minería informal se desató esta semana en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, en la región Arequipa. El enfrentamiento entre grupos de mineros de las asociaciones Calpa Renace y Atico Calpa dejó al menos nueve personas heridas y el bloqueo de la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 709. La población teme una escalada del conflicto similar a lo ocurrido en Pataz, La Libertad.
El origen del enfrentamiento, según fuentes locales, fue un intento de los pobladores de Atico de rehabilitar una vía carrozable clausurada por los mineros de Calpa Renace desde marzo. La zona en disputa, que forma parte de la concesión minera 2 de diciembre, es clave para el acceso a centros poblados y áreas de extracción. La gresca, que incluyó el uso de piedras y objetos contundentes, se registró en medio de crecientes tensiones por el control del territorio y el acceso a los recursos auríferos.
Los hechos obligaron a la Policía Nacional a desplegar efectivos en la zona, mientras que los pobladores exigen la declaratoria de estado de emergencia. En paralelo, dirigentes de Calpa Renace y Ático Calpa aseguraron desde Arequipa que entre ambas organizaciones no existe conflicto alguno, y responsabilizaron a terceros con fines políticos de provocar los hechos de violencia. Sin embargo, las declaraciones fueron desmentidas públicamente por pobladores y familiares de los heridos.
El distrito de Atico ya fue escenario de una tragedia en 2022, cuando 14 personas fueron asesinadas en enfrentamientos similares entre mineros informales. Desde entonces, la región vive bajo una constante tensión, donde la informalidad, la ausencia de fiscalización y la debilidad institucional agravan el panorama. Pobladores denuncian amenazas de presuntas bandas criminales que buscan controlar la actividad aurífera en la zona.
En declaraciones a la prensa, Leydi Huayllani, hija de uno de los heridos en los enfrentamientos del 28 de mayo, acusó directamente a Calpa Renace de agredir a pobladores desarmados y bloquear el acceso a la carretera. “No nos dejan pasar, nos exigen inscribirnos en una lista, imponen reglas arbitrarias y se comportan como delincuentes”, denunció entre lágrimas.
Además, se reportaron intentos de secuestro y amenazas constantes, aunque los voceros mineros negaron estas versiones y aseguraron que buscan formalizar sus operaciones bajo el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). No obstante, la comunidad advierte que este registro estaría siendo manipulado y usado de forma irregular.
Pese a las posturas encontradas, la población sigue esperando acciones concretas. Exigen que representantes del Gobierno Regional de Arequipa, del ministerio de Energía y Minas, y del Congreso acudan a la zona para constatar la gravedad del conflicto y tomar decisiones basadas en la realidad.
La lucha por el oro, en un contexto de informalidad, desprotección institucional y abandono estatal, ha convertido a Atico en una bomba de tiempo. Mientras no se implementen soluciones estructurales y se refuercen las capacidades de fiscalización y diálogo, el sur del país podría ser testigo de una nueva tragedia minera.
30/05/2025
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