El Primer Juzgado Constitucional de Lima, volvió a suspender la audiencia única correspondiente a la demanda de amparo presentada por agricultores del Valle de Tambo. La acción legal está dirigida contra autoridades ambientales, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern Perú, cuestionando por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
Esta es la tercera vez que la audiencia es reprogramada debido a que no todas las partes habrían sido notificadas con la debida anticipación, lo que ha generado preocupación entre los demandantes por la prolongación del proceso.
Plantón y exigencias ciudadanas
La suspensión se conoció mientras un grupo de agricultores realizaba un plantón en los exteriores de la sede judicial Alzamora Valdez, en Lima. Desde ese espacio, exigieron que el proceso avance sin más dilaciones.
“No queremos más postergaciones. Queremos que el juez actúe con honestidad. Nosotros defendemos la agricultura que ha permitido que nuestros hijos estudien y salgan adelante. Por eso luchamos con dignidad”, expresó la pobladora Agripina Páucar, pobladora del Valle del Tambo, provincia de Islay, quien reafirmó que la oposición al proyecto responde a la defensa de la agricultura familiar.
En la misma línea, la defensora del territorio Paulina Bobadillo hizo un llamado a la juventud a valorar el rol estratégico del Valle de Tambo, donde se producen alimentos clave como ajo y cebolla, que abastecen a mercados del sur y de Lima.
Las preocupaciones ambientales de las organizaciones y pobladores sostienen que la actividad minera representa un riesgo para las fuentes de agua, la producción agrícola y el equilibrio ambiental del valle. Asimismo, recordaron antecedentes de contaminación minera en el sur del país, como los vinculados al Grupo Aruntani en ríos de Moquegua y Arequipa.
Cabe señalar que, desde la consulta vecinal realizada en 2009, la población del Valle de Tambo expresó mayoritariamente su rechazo al proyecto Tía María, sin que —según indican— la empresa haya logrado demostrar que el proyecto minero no ocasionaría posibles impactos negativos.
La demanda de amparo busca que se declare la caducidad del EIA del proyecto, aprobado en 2014 y cuya vigencia habría expirado en 2019, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. Este instrumento es clave para prever y mitigar impactos, especialmente en un territorio cuya economía depende del agua del río Tambo y de ecosistemas frágiles.
Aunque la acción fue presentada en marzo de 2025, el proceso se ha extendido más de lo habitual. El abogado David Velazco señaló que no se ha confirmado una nueva fecha para la audiencia y cuestionó las reiteradas suspensiones. Según indicó, se ha solicitado que el juzgado garantice una correcta notificación a todas las partes bajo responsabilidad funcional.
Las continuas postergaciones, advierten los demandantes, afectan su derecho a una tutela judicial efectiva en un plazo razonable. A ello se suma que una medida cautelar presentada en octubre de 2025 contra la autorización de inicio de operaciones del proyecto aún no ha sido resuelta.
En este escenario, el conflicto en torno a Tía María se mantiene vigente, con una población que continúa defendiendo su territorio y exigiendo decisiones claras por parte de las autoridades.
Fuente: Red Muqui
26/03/2025
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