El último año ha sido uno de los más turbulentos que registra nuestra historia reciente. En realidad, el período de turbulencia se inició en diciembre de 2017 con el pedido de vacancia presidencial y el posterior indulto a Alberto Fujimori. Luego vino la renuncia del presidente Kuczynski, los desafueros producidos en el Congreso, el capítulo de los audios, que se inició como una investigación a bandas de narcotraficantes y que llegó rápidamente a las más altas esferas del Poder Judicial, el Ministerio Público y por supuesto a la política. A partir del 28 de julio se abrió el momento de la reforma, referéndum y en medio de todo eso la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos. Vaya uno a saber qué pasará antes que termine el año.
En medio de todo este escenario, cabe preguntarse sobre la reciente evolución de la conflictividad social que se ha vivido en las diferentes regiones, de manera particular en las zonas de influencia de la minería y lo que el gobierno y las empresas han venido haciendo en esos territorios.
Lo primero que se puede afirmar es que el año 2018 ha sido un período con una conflictividad social de baja intensidad, sin grandes estallidos sociales, aunque al mismo tiempo con algunas tendencias que es importante observar. El año 2018 se puede dividir hasta en tres momentos: uno primero, que recibe la influencia del año 2017 y va hasta el mes de abril, en el que se registra una conflictividad en número todavía en ascenso; un segundo momento de estancamiento entre abril y agosto; y finalmente, uno tercero que presenta una leve reactivación.
Una primera nueva tendencia tiene que ver con la geografía de la conflictividad social: como se puede observar en el siguiente gráfico, la macro norte ha desplazado claramente, después de mucho tiempo, a la macro sur del primer lugar. A nivel de regiones, Ancash figura en el primer lugar, seguida de Puno, Cusco, Loreto y Cajamarca. Además, una región como Apurímac, que hasta hace poco figuraba en el primer lugar en el mapa de conflictividad social, ahora está en el séptimo.
Por otro lado, si bien los conflictos siguen siendo predominantemente socio-ambientales y dentro de este tipo de conflictos destacan mayoritariamente los vinculados a la minería (lo que no es ninguna novedad), las causas son cada vez más diversas en los últimos tiempos: minería informal, contaminación de fuentes de agua, incumplimiento de acuerdos de empresas extractivas, contaminación por metales pesados, huelgas por demandas laborales, temas judiciales, disputas por linderos entre comunidades y con las propias empresas, construcción de carreteras e impactos que se generan por tránsito pesado, construcción de hidroeléctricas, oposición abierta a proyectos, entre otras varias causas.
Otro dato importante tiene que ver con la evolución de las acciones de protesta en lo que va del año. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el año también se divide en tres momentos: los dos primeros meses, con una clara tendencia a la baja, para luego pasar a un momento de expansión de acciones de protesta que dura hasta junio y finalmente una etapa de descenso, en los últimos meses del año, que termina de configurar el escenario de conflictividad de baja intensidad que caracteriza el período.
En medio de todos estos hechos, el anuncio del relanzamiento de proyectos de inversión también ha sido una renovada tendencia, impulsada por el optimismo que generaron los buenos precios de los minerales en el primer semestre, situación que comenzó a cambiar en el segundo semestre. Luego de oficializarse el inicio de proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición de Michiquillay, entre otros de menor magnitud, algunas empresas han anunciado que están buscando relanzar proyectos fuertemente cuestionados.
Por ejemplo, Southern Perú ha anunciado que sólo estaba esperando la licencia de construcción correspondiente para iniciar el desarrollo del proyecto Tía María, desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. El gobierno chino y la propia empresa Zijing han demandado apoyo a las autoridades peruanas para sacar adelante el controvertido proyecto Río Blanco que se ubica en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque que, como se sabe, ha enfrentado una fuerte oposición de las comunidades de la zona.
Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos y otros casos de proyectos mineros que en su momento enfrentaron fuertes resistencias y originaron conflictos de envergadura en diferentes regiones del país.
Por otro lado, el gobierno del presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de declarar estados de emergencia, como viene ocurriendo en la zona del denominado corredor minero del Sur Andino. Por ejemplo, el pasado 24 de octubre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
Sin embargo, en esta oportunidad la medida no afecta a todo el corredor minero, como había venido ocurriendo reiteradamente desde febrero de este año. El Decreto Supremo Nº 1052018-PCM señala que el estado de emergencia se aplicará “en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”.
La enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se repite una y otra vez desde el 2016. Nuestras autoridades deberían replantear esta situación y buscar caminos para construir una gobernabilidad democrática que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes.
EL NUEVO MAPA DE AUTORIDADES EN LAS ZONAS CON PRESENCIA MINERA
Aunque un poco opacadas por el momento político que vive el país, uno de los eventos relevantes de este segundo semestre han sido las elecciones regionales y municipales del pasado 7 de octubre y la segunda vuelta el 9 de diciembre, que por supuesto han terminado de configurar un nuevo mapa de autoridades que gobernarán regiones, provincias y distrit++os en el período 2018-2022.
Nueve regiones definieron sus nuevos gobernadores regionales y 16 pasaron a la segunda vuelta. Entre las regiones donde los resultados fueron definidos en primera vuelta, figuran Puno, Loreto, Huancavelica, Moquegua, Ucayali, Lambayeque, Ica y La Libertad.
Ahora bien, tomando en cuenta la importancia de la actividad minera en el país, siempre es interesante preguntar sobre los resultados que se han dado en las diferentes zonas con marcada presencia minera y qué autoridades han sido elegidas. Para ello, un primer tema que hay que precisar es cómo estamos definiendo una región como un territorio de influencia minera: un criterio utilizado hace referencia al peso o al aporte de la minería a la economía regional. Así, estamos considerando una región como “minera” cuando esta actividad representa el 4% o más de la actividad económica de la región.
Si aplicamos este criterio, quince regiones del país pueden ser consideradas como “mineras”: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Como sabemos, en todas estas regiones se desarrolla una intensa actividad minera, ya sea en el formato de gran, mediana, pequeña minería y minería informal o abiertamente ilegal.
Viendo el mapa de resultados electorales en las denominadas regiones con presencia minera relevante, la primera conclusión es que hay una diversidad de situaciones y se puede decir que han sido elegidas autoridades para todos los gustos e incluso muchas de ellas representan toda una interrogante. La incertidumbre es mayor en la medida que en varias regiones que concentran un porcentaje importante de producción minera y la cartera de futuros proyectos, todavía han tenido que pasar por la segunda vuelta.
Repasemos algunos de los resultados ya definidos. Por ejemplo en Junín ha ganado Vladimir Cerrón por el partido político Perú Libre. Cerrón ya fue gobernador de Junín, en el período 2011-2014 y pese a que se lo identificaba con posiciones contrarias a la inversión minera, en esa etapa se concretaron proyectos importantes como Toromocho y varias otras inversiones, sobre todo ampliaciones de otros proyectos mineros que se ubicaban principalmente en la provincia de Yauli.
En Moquegua, otra región que tiene una importante actividad minera, ha ganado Zenón Cuevas, dirigente social que en el año 2008 fue uno de los líderes del denominado Moqueguazo, movimiento que paralizó esa región durante varios días demandando una mejor redistribución del canon entre la propia Moquegua y la región vecina de Tacna. Si bien algunos sindicaron esta protesta como contraria a la minería, en realidad la demanda se centraba en el tema de distribución del canon minero y no en la oposición a la minería. En la actualidad, el próximo gobernador regional de Moquegua ha declarado que está a favor de la actividad minera y en su período todo indica que se iniciará la construcción del proyecto Quellaveco, a cargo de la anglo-sudafricana Anglo American y la japonesa Mitsubishi.
Otro candidato que ha ganado en primera vuelta y ha despertado una gran inquietud es Walter Aduviri, líder del denominado Aymarazo, que remeció Puno y en realidad todo el país, el año 2011. Como se recuerda, la zona sur de Puno, se movilizó en contra del proyecto minero Santa Ana, de la canadiense Bear Creak y logró que finalmente el gobierno de Alan García retroceda y suspenda los derechos mineros en esa región. Pasados siete años, el próximo gobernador de Puno ha declarado no estar en contra de la minería y propone que ésta beneficie a las poblaciones. Al parecer su apuesta es apoyar la minería en pequeña escala y promover un esquema de producción cooperativo al estilo de la Bolivia de Evo Morales.
Otras regiones como La Libertad, Ica y Huancavelica muestran que las interrogantes se van a comenzar a resolver cuando los nuevos gobernadores se instalen en sus puestos. Por lo tanto, como ya se ha mencionado, hay resultados para todos los gustos, incluido el tema de la incertidumbre. Por otro lado, no hay que olvidar que habrá segunda vuelta electoral en nueve de las quince regiones “mineras”.
¿Qué lecciones podemos sacar de este nuevo dato de la realidad que el país nos envía? Una primera gran lección es que detrás de cada hecho gravitante, como es una elección regional y municipal, hay una racionalidad que se expresa legítimamente en distintos espacios. No se puede pretender -como creen algunos-, que en un país como el nuestro todos tengan que pensar de la misma manera y se les pase la aplanadora a los que no estén de acuerdo.
El reto sigue siendo construir gobernabilidad democrática; cómo se construyen los necesarios equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales que hacen falta y cómo se logra finalmente que los grandes grupos económicos no rebasen la capacidad que debe tener una sociedad de controlar y regular, por ejemplo las inversiones, en función del bien común. Reconocer nuestras diversas racionalidades y realidades forma parte esencial del ejercicio democrático.
El capítulo china y los conflictos sociales
Ha mediados de la primera década del presente siglo, América Latina se convirtió en el segundo destino más importante para las inversiones extranjeras directas (IDE) chinas: 60% de las IDE chinas se concentraban en Asia, 16% en América Latina, 7% en Norteamérica, 7% en África, 6% en Europa y 4% en Oceanía. Las últimas cifras muestran que América Latina se ha consolidado como el segundo destino de las IDE chinas con una participación del 14% del total y China es el principal socio comercial de varios países de la región (Brasil, Perú, Argentina, entre otros). Los últimos datos de cómo se distribuye la IDE china en la región coinciden con el de las prioridades comerciales.
El Perú es un buen ejemplo de todas estas tendencias. China se ha convertido en el inversionista minero que muestra mayor dinamismo, controlando en la actualidad alrededor del 20% de la cartera de proyectos mineros, al mismo tiempo que es el principal destino de exportación de productos metálicos.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
La llegada de las empresas mineras chinas al Perú ha sido por etapas. La primera empresa minera de ese país que llegó al Perú fue Shougang en 1992. Shougang adquirió la empresa pública de Hierro Perú (en la localidad de Marcona, Ica), como parte del proceso de privatización y retiro del Estado peruano de la producción minera.
Un segundo momento de expansión de la inversión china en minería se comenzó a dar en la primera década del presente siglo con la adquisición de varios proyectos en fase de exploración, al mismo tiempo que comenzaba a desarrollar nuevas operaciones: proyectos como Galeno en Cajamarca, Río Blanco en Piura y Toromocho son algunos ejemplos de este segundo momento.
Finalmente un tercer momento, el de consolidación del protagonismo chino en la minería peruana se comenzó a definir el año 2014, cuando la empresa Minmetals (MMG) adquirió a la suiza Glencore el megaproyecto Las Bambas. Glencore había absorbido a la también suiza Xstrata y para confirmar la operación necesitaba el visto bueno de tres de las economías más importantes a nivel mundial: Estados Unidos, Unión Europea y China. China fue la más reticente a dar el visto bueno, bajo el argumento que con esta operación Glencore tendría un control casi monopólico de la producción de cobre a nivel mundial.
El gobierno chino le puso como condición que se desprenda de uno de sus proyectos de cobre más importantes a nivel mundial y finalmente se tomó la decisión que sea Las Bambas. La operación se concretó a cambio de US$ 5,850 millones y de esta manera la propiedad de Las Bambas pasó a un joint venture integrado por los consorcios MMG (62.5%), Guoxin ((22.5%) y Citic ((15%), quienes decidieron elegir a MMG como operador de Las Bambas. Con estos hechos quedó confirmado el rol estelar que China había alcanzado en la economía global, consolidándose además como actor protagónico en la minería peruana. Dicho sea de paso, en menos de una década la capitalización de la china MMG había pasado de US$2 mil millones a US$ 20 mil millones.
El otro tema importante a subrayar tiene relación con el desempeño social y ambiental de las empresas mineras chinas en el Perú y cómo se contrastan los discursos y las prácticas: como ha ocurrido en los últimos años, los conflictos sociales vinculados a la minería han aumentado en número e intensidad en el Perú y varios de estos conflictos han involucrado a empresas chinas, como Zijing, Chinalco, MMG Las Bambas y por supuesto Shougang.
Es importante señalar que En el marco del tercer Examen Periódico Universal de China, EPU, que se realizará en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el pasado 6 de noviembre, representantes de Perú y de otros cuatro países (Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador) que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), participaron en la Sesión paralela de la ONU, donde compartieron información y testimonios sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos que operan con financiamiento chino en territorios latinoamericanos. Entre los casos expuestos están cuatro casos de empresas mineras de capitales chinos en el Perú: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura; proyectos que representan más de 17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.
Por lo tanto, cualquier proceso de intervención en zonas de influencia de la actividad minera, con un enfoque de derechos, deberá tomar en cuenta la performance, evolución y las prácticas de las empresas chinas. Y si como se ha anunciado públicamente, en el país se pretende construir una visión de la minería hacia el 2030, esa proyección deberá tomar en cuenta el comportamiento de los principales inversionistas mineros, entre ellos las empresas chinas, al mismo tiempo que se apunta a la mejora sostenida de los estándares sociales y ambientales y a la protección efectiva de los derechos de las poblaciones.