Un nuevo episodio de violencia se registró en la provincia de Páucar del Sara Sara, región Ayacucho, como parte del conflicto territorial que enfrentan las comunidades campesinas de Virgen de Lourdes de Colta y Pomacocha. El incidente está vinculado también a la presencia de la empresa minera Santiago 3 S.A.C. en la zona.
En el video difundido por la página del Diario Jornada, se registran enfrentamientos y el testimonio de una pobladora, quien señala que la comunidad de Colta no estaba armada y que fue la empresa quien habría intimidado a la comunidad, se puede escuchar en sus declaraciones. Estas imágenes y testimonios forman parte del material que circula en redes sociales y que ha generado preocupación por la escalada de tensión en la zona.
Durante los enfrentamientos, pobladores voltearon y empujaron dos camionetas pertenecientes a la empresa minera hacia un abismo. Uno de los vehículos transportaba a una ingeniera y a su conductor; en el otro se encontraban tres agentes de seguridad. Todos ellos lograron salvarse de milagro, según relataron fuentes vinculadas a la empresa.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una turba lanza los vehículos al barranco, mientras se escuchan gritos y se evidencia la tensión entre los comuneros. También se reportó el incendio de una maquinaria pesada tipo oruga, generando pérdidas económicas significativas para la empresa.
Testimonios recogidos en el lugar señalan que más de 200 personas habrían estado escondidas entre los matorrales esperando la llegada del personal. Se han reportado varios heridos como resultado del enfrentamiento, aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas.
La Asociación de Mineros Artesanales Luicho (Asmil), también mencionada en el conflicto, emitió un comunicado deslindando responsabilidades y asegurando que sus actividades no están relacionadas con los hechos de violencia. No obstante, responsabilizaron a la empresa Santiago 3 S.A.C. por agravar la tensión en la zona.
El centro poblado de Luicho, donde se concentran las operaciones mineras, ha sido calificado por varios actores como una zona sin ley, donde la ausencia del Estado ha contribuido al incremento de la conflictividad social.
Hasta el momento, las autoridades regionales y nacionales no se han pronunciado oficialmente. Se espera la pronta intervención del Ministerio del Interior y del Ministerio de Energía y Minas, a fin de restablecer el orden, mediar entre las partes en conflicto y prevenir una posible escalada de violencia que podría recordar a escenarios como el ocurrido en la zona de Pataz, La Libertad.
Las comunidades afectadas han solicitado con urgencia la presencia del Estado para garantizar la seguridad de la población y promover un diálogo que permita resolver tanto el conflicto territorial como las tensiones derivadas de la actividad extractiva en el área.
30/05/2025
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