Suspenden audiencia contra comuneros en caso Las Bambas

Se suspendió la audiencia de inicio del juicio oral que debía darse este 13 de marzo a los 19 defensores de territorios detenidos en septiembre de 2015 tras la violenta represión policial durante el paro indefinido contra la minera Las Bambas (MMG Limited) que dejó 3 comuneros muertos.

Los abogados en defensa de los comuneros han solicitado al juez Andrés Abelino Flores Aguilar de la Subsede judicial de Cotabambas, que se reprograme la audiencia porque no se notificó a uno de los comuneros acusados, el señor William Richard Huillca Ocon. Además que el juez quiso pedir pedido de ubicación y captura a los que no asistieron, pero no consideró que hubo un derrumbe en la carretera de Chalhuahuacho-Tambobamba. El pedido se sustentó en que en un debido proceso se debe informar y notificar a todos los acusados con anticipación para que asistan al juicio oral. La audiencia ha sido reprogramada para el 15 de abril.

Imagen: Cooperacción

Cabe recordar que durante el paro del año 2015, los comuneros denunciaron que “la minera habría modificado arbitrariamente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas, sin respetar la consulta previa que correspondía, y perjudicándolos con estas modificaciones, al haber suprimido la construcción del mineroducto, con lo cual la empresa usaría sus carreteras públicas para llevar y traer su material”.

19 comuneros fueron detenidos al interior del campamento minero Las Bambas, en el parte policial la policía consigna que la mayoría de ellos fueron detenidos por ser encontrados “en actitud sospechosa”. Brandon Quispe y Javier Mamani, como los otros 17 detenidos, habrían sido torturados en un improvisado centro de detención dentro de la mina. Ambos ayudaban a trasladar a los heridos en una ambulancia cuando un grupo de policías, tras pedirle sus documentos, los golpearon, les habrían sembrado armas y obligaron a disparar con ella, y los trasladaron bajo fierros y palos en una camioneta hacia el campamento minero.

En el caso de Brandon Quispe, declaró desde un primer momento que la policía lo torturó (constan certificados médicos), le sembró el arma e incluso lo habría obligado a percutar la misma para sacar la pericia de absorción; el Fiscal y el Juez nunca creyeron en su denuncia, menos aún investigaron a la policía que los intervino, pese a que se probó que el arma supuestamente encontrada a Brandon, le pertenecía a un efectivo de la PNP y cuya aparición en poder de éste último no ha sido explicada por la policía.

La prueba con la que ambos están siendo procesados y por lo que la Fiscalía Provincial Mixta solicita entre 11 y 17 años de cárcel bajo la acusación de tenencia ilegal de armas y producción de peligro común con medios catastrófico, son los atestados policiales y supuestas actas levantadas. A su vez la minera Las Bambas pide 86 mil dólares como reparación civil.

La única prueba que la policía exhibe son unas supuestas actas de intervención e incautación, las mismas que han sido levantadas bajo un procedimiento absolutamente irregular (no coinciden en las horas, fueron levantadas no en el acto sino al interior del campamento minero, aunque la fiscalía firma el acta, no estuvo presente al momento de la supuesta incautación).

13 de marzo de 2019