Por: Miguel Gutiérrez Chero
El sábado 11 de marzo, más de 300 efectivos de las fuerzas combinadas de policías y militares se encargaron de despejar el corredor minero del sur (según informe del MINITER*), que había sido bloqueado desde diciembre debido a las protestas contra Dina Boluarte en diferentes tramos entre Cusco y Apurímac. Desde entonces camiones de las diferentes empresas mineras de la zona han retomado su ritmo de trabajo constante.
Lo que preocupa, es también el constante desinterés del gobierno por atender las demandas de la población en estos territorios y solucionar los conflictos relacionados a las actividades extractivas. Según un informe de Ojo Público**, el 47% de los proyectos de la nueva cartera de inversión minera presentan conflictos sociales y no se están tomando las medidas adecuadas para brindar vías de diálogo que dirijan el camino hacia posibles soluciones ante las demandas de la población, por el contrario, la respuesta ha sido la militarización.
Este hecho sin duda lo que hace es aumentar la tensión en zonas como el corredor minero del sur, que ya ha vivido durante los dos primeros meses de este año situaciones de violencia durante los atentados en las principales empresas mineras. En Cusco fue el campamento Constancia de Hudbay en Chumbivilcas, y en Espinar fue un ataque a la empresa Antapaccay. En Apurímac el ataque fue a la empresa minera Utunsa, en Cotabambas.
Como respuesta ante estos ataques, las empresas decidieron suspender temporalmente sus actividades, informando mediante comunicados en sus redes sociales que retiraban a su personal por seguridad.
Sin embargo, ¿qué se espera en estos territorios en los siguientes meses? Al respecto pudimos conversar con el especialista José de Echave, quién planteó una mirada amplia sobre la militarización del corredor minero del sur y su relación con las protestas contra el actual régimen de Dina Boluarte.
¿Cuál es el mensaje que envía el gobierno con la militarización en el corredor minero del sur?
“Si uno ve la historia del corredor del sur, esta zona ha pasado en estado de emergencia durante mucho tiempo, incluso hubo zonas del corredor que han estado un año entero en estado de emergencia. Entonces, es insistir en un mecanismo que no soluciona los conflictos de fondo y que al mismo tiempo termina ahondando las brechas y las desconfianzas y las tensiones en los territorios, ese es un elemento clave. Y el estado sigue insistiendo en un mecanismo que ha sido sobreutilizado, y más aún, en estos últimos tiempos cuando la situación de tensión social que hemos vivido fue extrema. Por ello mismo, en vez de encauzar los conflictos por vías institucionales, vías pacíficas, por vías de dialogo, terminan generando mucha más tensión de la que ya había”.
¿Cuál será el panorama durante los siguientes meses en esta zona?
Yo tengo la sensación que los conflictos se van a territorializar más, vamos a tener situaciones de tensión social en los territorios. Estos tiempos hemos pasado por diferentes etapas, primero en zonas como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, después el conflicto se movió para Puno y Cusco, después hubo la etapa de movilización hacia Lima. Yo creo que ahora se va a mover hacia lo territorial. Por ello creo que el gobierno se está equivocando en militarizar estas zonas”.
¿Significaría que los conflictos serían más locales?
No hay que olvidar que hay una agenda pendiente respecto a la minería, eso se ve claramente en la zona del sur andino como Espinar con Antapaccay, la zona de influencia de constancia en Chumbivilcas, la zona de Las Bambas en Challhuahuacho. Son conflictos con agendas pendientes, con conflictos latentes. Lo que pasa es que hemos vivido meses de intensidad, y en esa intensidad hemos visto momentos de intento de tomas de las minas, pero esto como que se ha perdido en medio de estos momentos de conflicto nacional, pero ese conflicto sigue pendiente. Y bueno, la respuesta de las minas fue paralizar sus actividades, en la mayoría de casos paralizaron por días, quizás por semanas, en algún momento evacuaban personal, pero regresaban los nuevos turnos. Yo creo que lo que no hay que perder de vista es que hay una agenda pendiente que no ha sido respondida, y esa demanda está allí y va a ser el inicio de nuevas movilizaciones y nuevos conflictos en las zonas.
Es decir, estos conflictos están siendo postergados…
Lo que pienso es que las empresas junto con el estado, lo que han hecho en estos tiempos es una estrategia para asegurar las actividades extractivas, pero se olvidan que hay unas demandas pendientes, y no hay que ser adivino para darnos cuenta que es bastante probable que dentro de poco comiencen a estallar varios conflictos en estos territorios. Yo no veo un intento serio de abordar estos conflictos.
¿Entonces el Estado está priorizando la continuidad de las actividades extractivas por la solución de los conflictos en estos territorios?
Se ha pensado que el único problema que había que solucionar era abrir las carreteras, pero no están considerando que lo que se tiene que solucionar son las demandas de las comunidades, y seguramente lo que vamos a ver son nuevos estallidos sociales. Entonces el conflicto no es el bloqueo de la carretera. Los bloqueos son la expresión de unas demandas que no han sido debidamente atendidas, desde hace mucho tiempo, además. Entonces, si se piensa que el conflicto se solucionó porque se levantó el bloqueo de la carretera sin abordar los temas de fondo, evidente té es bastante posible vamos a ver estallidos sociales en esa zona.
UNA ACUMULACIÓN DE CONFLICTOS
¿Cuál viene siendo entonces el panorama en el corredor del sur?
El panorama viene siendo de una acumulación de conflictos, de tensión, y si vemos que lo que se refuerza la estrategia represiva, se piensa este tipo de conflictos son básicamente un problema de seguridad y por lo tanto la respuesta tiene que ser represión militar policial, en ese sentido no hay que olvidar que en el corredor minero hay una historia de contratos firmados entre la empresa minera y la policía nacional, por lo tanto la policía ha terminado siendo una suerte de policía privada del sector empresarial minero. Y esto es una película que se repite porque no hay una forma diferente de abordar justamente estos conflictos.
¿Se podría decir que las protestas de los últimos meses contra el actual régimen tienen una relación con las demandas en esta zona?
Yo creo que lo hemos vivido las peruanas y los peruanos estos últimos meses tiene muchos vínculos con los conflictos vinculados a las actividades extractivas, que además son históricos, uno de esas razones del conflicto tiene que ver con el centralismo, con el poder económico y político centralizado en Lima, esto se ha expresado en las movilizaciones hacia Lima, esas demandas ya estaban vinculadas a las protestas vinculadas a la minería, allí ya había serios cuestiones de cómo se toman decisiones desde Lima, como se realizan las concesiones, como se aprueban los estudios de impacto ambiental, como se aprueban las declaraciones para las exploraciones, es decir todo eso se aprueba desde Lima. Este es un primer aspecto. Como segunda coincidencia es que durante estos meses de protesta se ha hablado de un supuesto complot donde en algunos casos son los remanentes de las organizaciones subversivas que han vuelto a aparecer y tienen la capacidad de mover todas las movilizaciones a nivel nacional, y si no son ellos son organizaciones ilegales, y si no son ellos en el sur es Evo Morales, todo eso responde a la tesis del complot, no se reconocen las bases objetivas del conflicto, sino se alude a un complot. Eso también siempre se habló contra la minería, que hay un complot contra la inversión, hay un complot con la minería, incluso se ha hablado del terrorismo antiminero. Lo tercero tiene que ver con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que deviene de relaciones cercanas entre la policía y las empresas, lo otro es la defensa de la cultura, de la identidad que también fue atacada estos días.
¿Entonces la exigencia de una nueva Constitución tendría que partir no desde los especialistas, sino desde recoger las demandas cotidianas de la gente?
Todo esto ya estaba presente en las demandas en territorios mineros, entonces esas son las conexiones entre las movilizaciones de los últimos meses y las movilizaciones históricas de estos territorios. Ahora, esto plantea una serie de debates, porque por ejemplo los famosos contratos ley tiene categoría constitucional, el articulo 62 habla de los contratos ley, y le da privilegios muy significativos a las empresas, entre ellas las empresas mineras. Esto deviene de un modelo justamente blindado por la constitución del 93, la cual consolido el modelo de la década de los 90. Yo creo que el debate constitucional tiene aspectos técnicos, aspectos específicos, pero no es un debate exclusivamente para juristas, para constitucionalistas, no es debate para sabios. Una constitución en sencillo debería permitir dos cosas: una primera es que el estado funcione, que los poderes del estado tengan peso y contra peso, y lo segundo es para que los peruanos y peruanas puedan convivir y coexistir equilibradamente y respetuosamente, para eso sirve una constitución. La pregunta que debemos hacernos es si la constitución que tenemos ahora sirve para esas dos cosas fundamentales, ¿la constitución del 93 sirve para que los peruanos y peruanas convivamos adecuadamente? Yo creo que no. Es un instrumento ineficiente y hay que pensar en cambiarlo.
*https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/724177-policia-nacional-despeja-tramos-del-corredor-vial-sur-en-cusco
**https://ojo-publico.com/4334/el-47-nuevos-proyectos-mineros-peru-tienen-conflictos-sociales