Ayer, lunes 17 de julio se desarrolló la reunión del subgrupo de trabajo N°1 Justicia y Derechos de la Mesa de Diálogo de Cotabambas. Como punto principal el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo un informe sobre la situación legal de los dirigentes criminalizados en la provincia de Cotabambas, desde los patrocinados por la Defensa Pública del MINJUS.
Del total de los 144 casos, de los cuáles la mayoría tienen más de 5 años, son 9 los llevados por la defensa pública. Según el director de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, Edgardo Gonzales, varios de estos llevados por el estado, están absueltos y algunos archivados, sin embargo ha detectado una lentitud en los procesos legales que se van alargando por muchos años, y en varios casos, innecesariamente.
“Hay un retrasos en los proceso debido, principalmente, a insistencia de apelaciones de las procuradurías y también de la empresa, eso significa que el trabajo de la defensa pública no puede cesar, se debe pensar en como reforzar esa tarea que es una obligación del Estado y que hacía las personas defensoras se hace fundamental”, mencionó Edgardo Gonzales.
Otro acuerdo fue que en la siguiente reunión, que será un día de setiembre, el MINJUS informará los casos a los pobladores que vienen siendo comprometidos en denuncias. Esta revisión se dará caso por caso, buscando encontrar una vía rápida para la solución de los procesos, entre los cuáles lamentablemente muchos no tienen ni siquiera defensa legal.
“Un segundo objetivo de esta reunión es implementar el plan de Empresas y Derechos Humanos que ya se encuentran en desarrollo en varias regiones, en este caso se hará involucrando al distrito de Progreso en Grau. Consideramos que este proceso es muy importante debido además al contexto en el mundo donde los procesos de Debida Diligencia se están convirtiendo en diligencias obligatorias y vinculantes, esto en nuestro país también debe ser prioritario”, continuó el director de Derechos Humanos.
Finalmente el director informó que los procesos contra los defensores debería llevarse adecuadamente, para poder mejorar también las relaciones entre las comunidades y el Estado: “En principio los procesos judiciales están retrasados, ese es el balance general, podemos hacer exhortaciones a través de otras instituciones del estado para que en el marco de tutela de Derechos, se plantee la celeridad de los procesos que detectemos que están con retraso”.
Otro de los acuerdos es que se desarrollará un seguimiento a los acuerdos y conclusiones de la mesa de diálogo “Justiciamanta Rimykusun” (hablemos de Justicia) en la provincia de Cotabambas, realizado el 18 de mayo mediante la comisión de sub grupo de trabajo que se reunieron en la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
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