La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay decidió archivar la investigación iniciada contra pobladores y defensores del Valle del Tambo, luego de que no se encontraran elementos suficientes para identificar a los responsables de los hechos denunciados durante las protestas contra el proyecto minero Tía María.
La investigación se originó por un incidente ocurrido el 24 de abril de 2026, en la carretera Costanera Norte, a la altura del puente Guardiola, en el distrito de Deán Valdivia. Según la denuncia, dos conductores que trasladaban a trabajadores del Consorcio Constructor Perú habrían sido atacados con piedras y palos por un grupo de 30 a 35 manifestantes que se oponían al proyecto minero Tía María.
Inicialmente, los denunciantes señalaron a Juan Miguel Meza Igme y a algunas personas como posibles responsables. Sin embargo, durante la investigación no se logró determinar quiénes habrían participado directamente en el hecho.
La fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay comunicó su decisión mediante la Disposición N.° 01-2026-MP-DFA-FPPCISLAY, emitida el 15 de julio de 2026, correspondiente a la carpeta fiscal N.° 923-2026. Decidió archivar la investigación, donde señala que no se pudo identificar a los presuntos responsables y que las acusaciones realizadas no fueron suficientes para atribuirles responsabilidad.
La investigación había generado preocupación entre pobladores del Valle del Tambo, debido a que varios defensores y dirigentes fueron convocados a declarar, pese a que, según su defensa, no existían señalamientos directos que los vincularan con los hechos denunciados.
Para David Velazco Rondón, abogado de los investigados, el archivo de la investigación evidencia los riesgos que enfrentan las personas que participan en acciones de defensa del ambiente y del territorio. Señaló que “la decisión fiscal de archivar esta investigación fiscal, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y de derechos humanos e incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos” indicó, Velazco.
Velazco también señaló que la organización de la población, el diálogo y las protestas pacíficas son derechos reconocidos y que no deberían ser motivo de persecución. A su juicio, este tipo de acciones puede generar temor entre quienes participan en las movilizaciones contra el proyecto Tía María.
Un conflicto que continúa
El rechazo al proyecto minero Tía María mantiene una larga historia de luchas en el Valle del Tambo. Las comunidades y organizaciones de agricultores han expresado reiteradamente su oposición al proyecto debido a sus posibles impactos sobre el agua y la actividad agrícola de la zona.
En este contexto, durante abril de 2026 se desarrollaron diversas movilizaciones, entre ellas marchas y plantones. Los pobladores sostienen que sus acciones fueron principalmente pacíficas y que forman parte de su oposición al desarrollo del proyecto minero.
La decisión de la Fiscalía pone fin a esta investigación específica al no haberse podido determinar quiénes fueron los responsables de los hechos denunciados. Para los defensores del Valle del Tambo, el caso también vuelve a poner en debate la necesidad de garantizar que las personas puedan expresar su oposición a proyectos que consideran una amenaza para sus territorios sin ser objeto de acusaciones sin sustento.
Personas fueron procesados y sentenciadas por el caso de Tía María
Los antecedentes de las protestas contra Tía María también muestran que la judicialización de dirigentes y pobladores no es un hecho reciente. En total, casi una decena de personas han recibido condenas vinculadas directamente a las movilizaciones contra el proyecto minero, tanto por hechos de las protestas de 2010 como por las movilizaciones de 2015. Entre estas últimas se encuentran los dirigentes Jaime de la Cruz, Elida Maritza Ticona Hinojosa y Jesús Cornejo (Estuvo preso desde 2023; salió el 24 de febrero de 2026).
El conflicto por Tía María, sin embargo, permanece abierto y continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre las autoridades, la empresa minera y las organizaciones sociales y agrícolas del Valle del Tambo.