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La protesta de la comunidad campesina de Tinco contra la minera Corona, del grupo Alpayana, escaló ayer, 26 de agosto, luego de que comuneros denunciaran haber sido reprimidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención policial se produjo en el marco del paro indefinido y el bloqueo de la vía de acceso a la operación minera, medida adoptada por la comunidad para exigir el cumplimiento de compromisos sociales, económicos y ambientales, según informó El Búho.pe
La Comunidad Campesina de Tinco, ubicada en el distrito de Alis, provincia de Yauyos (Lima), mantiene una protesta iniciada el 12 de agosto. Entre sus principales demandas se encuentran el pago por el uso de terrenos comunales utilizados por la carretera de acceso a la mina, la contratación de servicios mediante la empresa comunal ECOSEM Tinco, mayores oportunidades laborales y el cumplimiento de diversos compromisos asumidos por la empresa.
Los comuneros también cuestionan la falta de soluciones luego de más de un año de reuniones y mesas de trabajo con representantes de sociedad minera Corona y gestiones ante el Ministerio de Energía y Minas. Entre los temas pendientes figuran aspectos relacionados con Cabecera de Vado, el proyecto Titimina, el fondo de responsabilidad social, camino real, el plan de relaciones comunitarias, los monitoreos ambientales y la participación de la comunidad en el Modificación de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d).
La comunidad ha señalado además su preocupación por posibles impactos ambientales asociados a la actividad minera y exige la intervención de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Defensoría del Pueblo. Su dirigencia sostiene que la protesta no busca impedir la actividad minera, sino exigir una minería responsable, el respeto de los derechos territoriales y ambientales y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población.
Tras la intervención policial del 26 de agosto, la situación genera una nueva preocupación entre los pobladores de Yauyos, quienes mantienen su medida de fuerza y demandan la instalación de un espacio de diálogo con participación de la empresa y representantes del Estado. La comunidad ha advertido que continuará movilizada hasta obtener respuestas y acuerdos concretos sobre sus principales demandas.