En el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, la comunidad originaria de Huallpamayo denuncia contaminación y abusos empresariales vinculado a la operación de la Planta de Beneficio “Yolita”. Señalan que dicha planta fue instalada EN TIERRA de propiedad ancestral sin permisos.
La situación ha evidenciado no solo daños ambientales, sino también debilidades en los mecanismos de fiscalización estatal. Pese a que Huallpamayo no cuenta con reconocimiento como comunidad campesina, sí se reconoce como pueblo originario.
Investigación fiscal por minería ilegal agravada
La conflictividad en la planta de Beneficio “Yolita” asociado al titular minero Yuri Edmundo Martínez Mejía y sus socios ha escalado al ámbito penal. Mediante la disposición de fecha 4 de enero de 2024, el Ministerio Público dispuso la apertura de investigación preliminar en la Carpeta Fiscal N.° 18061151013-2024-34-0, por el presunto delito de minería ilegal agravada, en agravio del Estado peruano.
La denuncia, fue presentada por la Asociación de Productores Agropecuarios y Afines de Huallpamayo, representada por su presidente, José Raúl Casquina Huachaca, quien sostiene que los comuneros poseen ancestralmente el predio rústico Huallpamayo, amparados en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, según la denuncia se estarían realizando actividades de procesamiento de minerales sin autorización estatal.
De acuerdo con la disposición fiscal, estas actividades incluirían el uso de maquinaria como chancadoras, instalación de campamentos de trabajadores y extracción de agua del río Huallpamayo Huaycco mediante bombas, lo que estaría generando contaminación con mercurio, ácido sulfúrico y otros residuos peligrosos que llegan al agua río abajo y a las tierras, debido a los efluentes y el depósito de relaves sin una contención adecuada.
El documento fiscal confirma las denuncias de los comuneros. Esta situación estaría afectando la calidad del agua utilizada para consumo humano, el riego agrícola y la crianza de animales. Además, de generar impactos en el suelo, el aire, la flora, la fauna y la salud de la población, el caso fue declarado como investigación compleja debido a la necesidad de realizar peritajes técnicos y múltiples diligencias.
Paralización de planta y proceso administrativo inconcluso
En paralelo, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Cusco ordenó en octubre de 2024 la paralización de la Planta de Beneficio “Yolita”, tras detectar incumplimientos ambientales relacionados con el manejo de residuos y posibles afectaciones a fuentes hídricas, como fue reportado por el OCM en septiembre de 2025, https://conflictosmineros.org.pe/2025/09/03/cusco-plantas-de-beneficio-bajo-la-lupa-por-irregularidades-y-danos-ambientales/ extendido durante más de un año, incluyendo inspecciones, informes técnicos y legales, descargos del titular minero y verificaciones en campo. Entre los documentos clave figuran el Expediente N.° 0018-2024-GR CUSCO/GREMH/SGFEMH/PLANEFA y la Resolución Gerencial Regional N.° 0057-2025-GR CUSCO/GREMH, que dispuso inicialmente la paralización temporal.
Sin embargo, en septiembre de 2025, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 00222-2025-GR CUSCO/GREMH, se levantó dicha medida, pese a tener observaciones técnicas y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
El mismo informe advierte irregularidades en la gestión administrativa, como la demora en la remisión del expediente a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y su permanencia física en oficinas sin trámite oportuno, lo que retrasó el proceso sancionador.
Denuncias de comunidades: desalojos, amenazas y afectaciones
Ante la demora de respuesta de las autoridades, los pobladores de Huallpamayo llegaron a medios locales denunciando una serie de abusos vinculados a la operación de la planta, incluyendo desalojos violentos, amenazas e intimidación. También publicaron testimonios en su página de Facebook, “Huallpamayo, Chumbivilcas”. https://www.facebook.com/profile.php?id=61554538678546
Según los testimonios, habrían sido expulsados de sus terrenos incluso con participación del personal contratado que llevó a cabo desalojo con palos y pedradas, como se evidencia en videos difundidos en redes sociales. https://www.facebook.com/share/v/18fnfDTuBT/
En un testimonio, Clelia Chura Cevallos, denunció afectación a su vivienda, pérdida de animales y constantes amenazas, así como la apertura de zanjas alrededor de su vivienda y un trato desigual por parte de las autoridades. https://www.facebook.com/reel/1493755348391294/
Debilidades estructurales en la fiscalización
Especialistas advierten que el caso refleja problemas estructurales en la fiscalización ambiental en contextos de minería en proceso de formalización. Entre ellos destacan la demora en la toma de decisiones, la limitada capacidad de supervisión, la falta de sanciones efectivas y la ausencia de monitoreo independiente.
El caso fue remitido al Ministerio de Energía y Minas, en el marco de la Ley N.° 32213 y su reglamento, que otorgan a la Dirección General de Formalización Minera competencias sobre estos procesos, lo que añade un nivel adicional de complejidad institucional.
Un conflicto abierto
La situación en Huallpamayo continúa sin resolución definitiva, tanto en el ámbito administrativo como penal. Mientras las autoridades evalúan el cumplimiento de las obligaciones ambientales, la comunidad mantiene sus denuncias por afectaciones a su territorio, sus medios de vida y a su seguridad.
El caso pone en evidencia los desafíos del Estado para garantizar el equilibrio entre actividad extractiva, protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades en zonas altoandinas del país.
El avance de la minería artesanal, informal y de pequeña escala se ha intensificado en los últimos años, impulsado por el retorno de pobladores a sus territorios durante la pandemia. A ello se suma la llegada de personas externas atraídas por la actividad minera, en un contexto de crisis económica, falta de oportunidades laborales y el alto potencial geológico del territorio.
Actualmente, se estima que existen numerosos proyectos en marcha sin un control efectivo, lo que viene generando impactos negativos en los ecosistemas, las fuentes de agua y las actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería.
19/05/2026
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