Lima y los riesgos latentes en las zonas abastecedoras de agua
Lima tiene diez conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo hasta el informe emitido durante el mes de octubre, lo que representa uno más respecto del semestre anterior. De éstos, seis se ubican en Lima Región y cuatro en Lima Metropolitana. La tercera parte (3) de los conflictos en Lima tienen que ver con asuntos socio ambientales, y todos ellos se ubican en Lima Región.
El 43.41% del territorio de Lima se encuentra bajo concesiones mineras, lo que revela un leve incremento respecto del semestre anterior, cuando el área concesionada alcanzaba el 42.77% del territorio. Esta tendencia es coherente con la recuperación que vienen mostrando las concesiones a nivel nacional.
Lima ha caído en este semestre al tercer lugar entre las regiones productoras de plata, metal en el que ocupaba el primer lugar en el reporte del primer semestre. Para el período enero – setiembre, registra 513,515 kg. finos producidos, lo que representa un descenso de -16.4% respecto a similar período del 2017, y una participación del 16.3%. Es además la segunda región productora de plomo, con 38,885 TMF producidas en dicho período, lo que significa una participación del 18.2% y un descenso de -3.7% respecto a similar período del 2017. También se ubica en cuarto lugar en la producción de zinc con un 10.1% de participación, y produce otros metales como oro y cobre en menores proporciones.
Esta región representa actualmente el 3.8% de la inversión minera (en el período enero – setiembre), con un poco más de US$ 122 millones invertidos; un aumento del 11% respecto del mismo período del año anterior. Además, representa el 3% de la cartera de proyectos de exploración, con cinco proyectos por un total de US$ 7.7 millones.
A continuación detallamos algunos de los conflictos más relevantes.
Tamboraque: riesgosa decisión judicial
Los relaves ubicados en el cerro Tamboraque persisten como una amenaza que se cierne sobre el río Rímac, fuente de agua para los más de 10 millones de habitantes de la ciudad capital. Pese a ello, increíblemente este semestre el Poder Judicial le dio la razón a una medida cautelar solicitada por la empresa minera Great Panther Coricancha S.A. y ordenó paralizar el traslado de los relaves.
Como se recuerda, en los depósitos de Tamboraque se almacenaron hasta 6900 m3 de relaves, los que se encuentran en proceso de traslado tras muchos años de demoras, luego de que en 2008 se declaró la emergencia en la zona. Según Defensa Civil, estos relaves podrían caer sobre el río Rímac en casos de lluvias intensas o de sismos, fenómenos de alta probabilidad en la zona, lo que causaría una grave contaminación del río con metales pesados.
Frente a ello, Osinergmin viene exigiendo a la empresa la culminación del traslado de relaves mineros de los depósitos 1 y 2, según está establecido en el Plan de Cierre de Minas aprobado la Dirección General de Minería.
Sin embargo, en setiembre el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima dispuso la paralización del retiro de los 145 mil metros cúbicos de relaves que aún permanecen en el lugar. La medida judicial impide a Osinergmin cumplir con su labor de fiscalización hasta que el Ministerio resuelva el pedido de modificación del Plan de Cierre solicitado por la empresa, y le impide al organismo supervisor emitir nuevos procesos de sanción.
Osinergmin ha impuesto a esta empresa sanciones y multas por aproximadamente 3.8 millones de soles, debido a los incumplimientos en el Plan de Cierre y en el traslado de relaves. Además, ha denunciado a los representantes de Great Panther Coricancha S.A. ante el Ministerio Público.
Hasta el momento, el retiro se ha cumplido en un 63%, quedando pendientes 145 mil metros cúbicos de relave, en un proceso que data por lo menos desde el año 2008, cuando la PCM declaró en emergencia el cerro Tamboraque por el riesgo de colapso.
Ariana: otra amenaza sobre Lima
La empresa Southern Peaks Mining ha anunciado que su proyecto minero Ariana, situado en el distrito de Marcapomacocha (región Junín) empezará la etapa de construcción durante el primer trimestre del año 2019. Sin embargo, el proyecto se encuentra en controversia por la preocupación expresada por Sedapal, la empresa pública encargada de abastecer de agua potable a la ciudad de Lima.
En efecto, mediante oficio N º1013-2018-GG de fecha 24 de julio dirigido al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el gerente general de Sedapal, Neil Michael Vega expresó su preocupación por la posible autorización del inicio de la construcción y operación del depósito de relaves del proyecto minero Ariana. Ello, porque el mismo se ubica muy cerca del Túnel Trasandino que suministra de agua a la ciudad de Lima. Frente a ello, Sedapal ha recomendado someter el estudio del proyecto a una evaluación de riesgos y vulnerabilidad a fin de adoptarse los estándares de seguridad más elevados.
La solicitud de Sedapal fue elevada también a OEFA, Osinergin, al Senace y al Viceministerio de Minas[1]. Sedapal solicita que se adopten estándares elevados, considerando que el diseño de cimentación de la presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”.
En su misiva, Sedapal solicita que Southern Peaks presente garantías de cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ariana, y recuerda que la empresa habría abandonado el plan de cierre de la unidad minera Quiruvilca (La Libertad), permitiendo que sea invadida por mineros informales, lo cual habría motivado a que sea declarada en emergencia ambiental por la Autoridad Nacional del Agua mediante Resolución Jefatural 196 -2018-ANA por “inminente riesgo de afectación de las aguas de la cuenca alta del río Moche, por el desborde y ruptura de los diques de las relaveras”. Con este argumento, se pone en duda el compromiso de la empresa respecto de las responsabilidades asumidas al construir una relavera junto a la principal fuente de agua de Lima.
En el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd Proyecto de Exploración Ariana, 2015), se consigna que dentro del área de influencia ambiental indirecta, se afectarían alrededor de cuatro lagunas grandes y dentro del área de influencia ambiental directa por lo menos dos más, además del rico ecosistema hídrico circundante como bofedales y cursos de agua superficial.
[1] Revista Energiminas: https://www.energiminas.com/sedapal-muestra-preocupacion-por-futura-presa-de-relaves-del-proyecto-ariana/
Elaboración: Área de Geografía y Ambiente – CooperAcción. Fuentes: Google Earth Pro, INEI, Ingemmet y Sedapal.
Lo cierto es que la localización del proyecto minero Ariana, en la parte alta de la cuenca del Mantaro, es de por sí una amenaza, sin embargo, su superposición a importantes lagunas, entre ellas la laguna Pucrococha, aportante esencial del recurso hídrico para el Túnel Transandino Cuevas y los canales que colectan agua para éste, es alarmante. El Tunel Transandino Cuevas es el que conduce el trasvase de aguas desde la cabecera de cuenca (Marcapomacocha) del río Mantaro hasta la cuenca del río Rímac, para abastecer de agua a más de 10 millones de personas en la ciudad de Lima y Callao.
El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de Ariana fue aprobado[1] el año 2016 por el Ministerio de Energía y Minas y en la declaración de ubicación de los componentes del proyecto llama la atención la referencia de que estos se encuentran “a menos de 50 metros de un bofedal, canal de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales” y en el resumen en una matriz de impactos, sobre los recursos hídricos se menciona lo siguiente:
[1] Resolución Directoral N° 246-2016-MEM/DGAAM, del 15 de agosto de 2916.
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Proyecto de Exploración Ariana, 2015. Recuperado de http://extranet.minem.gob.pe/
Aunque el Estudio de Impacto Ambiental muestre que los efectos al recurso hídrico son negativos, la descripción de los efectos potenciales señala la posibilidad de ocurrencia de efectos graves tanto para el agua superficial, agua subterránea y ecosistemas acuáticos. Nos preguntamos si en la evaluación del instrumento de certificación ambiental, se estudió a profundidad el sistema hídrico de la cuenca alta del río Mantaro que será impactada por el proyecto minero Ariana, pues antes de aprobar dicho instrumento se debió valorar lo esencial que resulta este sistema para el abastecimiento de agua en millones de hogares de las familias limeñas.
Este alarmante caso pone nuevamente en discusión la necesidad de que determinadas zonas productoras de agua o de gran importancia hídrica sean protegidas y se excluya proyectos que pongan en riesgo este elemento vital.
Conflicto con Raura en Oyón
Nuevamente la provincia de Oyón, que concentra una parte muy importante de las concesiones mineras en la región de Lima, ha concentrado a su vez la mayor parte de conflictos socioambientales registrados durante el año. Este segundo semestre, Defensoría ha registrado el surgimiento de un nuevo conflicto en esta provincia, el mismo que se inició en el mes de junio cuando ciudadanos de la comunidad campesina de Viroc realizaron un bloqueo en las vías de acceso a la Compañía Minera Raura. Posteriormente, ciudadanos de las comunidades de Cashaucro, Pomamayo y Bellavista realizaron otra protesta el miércoles 4 de julio. Los manifestantes demandaron que la empresa minera Raura cumpla los compromisos de responsabilidad social asumidos con las localidades del área de influencia de la misma. Tras ello, se instaló en julio una mesa de diálogo con la empresa y con la participación del Minem, de la PCM y de la Defensoría. Sin embargo, la segunda reunión programada para agosto fue suspendida, y hasta el cierre de este informe no se tiene información sobre la realización de una nueva reunión.
Como se recuerda, en abril la comunidad de Quichas realizó un paro y bloqueos de carreteras durante más de 10 días, también en protesta contra la compañía minera Raura, por el supuesto incumplimiento de actas de acuerdo anteriores en temas laborales y de responsabilidad social; así como por preocupaciones por presunta contaminación en la zona.
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