Un trabajador minero de 26 años murió en un accidente en la Unidad Minera Pomasi (CIEMSA), en Palca, Puno, generando preocupación por las condiciones de seguridad y a la espera de una investigación oficial de las autoridades.
La protesta de la comunidad campesina de Tinco contra la minera Corona, del grupo Alpayana, escaló ayer, 26 de agosto, luego de que comuneros denunciaran haber sido reprimidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El colapso de una poza de relaves en Pampa Blanca, Puno, genera una nueva alerta ambiental por el riesgo de contaminación de la cuenca del río Ramis, una zona que enfrenta problemas de contaminación minera desde hace años y cuyas aguas desembocan en el lago Titicaca.
La comunidad campesina de Uchuccarcco, en Chumbivilcas, mantiene una paralización indefinida desde hace más de 34 días contra la minera Hudbay, exigiendo el cumplimiento de compromisos sociales y ambientales incumplidos durante 13 años, así como la los derechos ambientales y laborales.
Minería informal e ilegal se han convertido en principales protagonistas de los conflictos y su crecimiento pone en discusión el régimen de concesiones mineras, señala el Observatorio de Conflictos Mineros en su […]
Un operativo policial para desbloquear la carretera Panamericana Sur en Chala, Arequipa, derivó en un enfrentamiento entre mineros informales y la PNP, dejando un muerto, varios heridos y elevando la tensión en la zona, en medio de demandas por la formalización minera y la ampliación del REINFO.
En la región Puno, se ha agudizado el conflicto territorial entre los distritos de Coasa y Limbani, tras un enfrentamiento armado ocurrido en Huanchicani que dejó al menos dos heridos; las autoridades de Coasa denuncian que el ataque fue perpetrado por presuntos invasores armados en un contexto de minería ilegal y ausencia de delimitación territorial clara, por lo que exigen la intervención urgente del Estado y la reactivación de la mesa de diálogo suspendida desde 2024.
La Corte Superior de Justicia de Puno declaró nulas las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa a la comunidad quechua de Arboleda, marcando una sentencia histórica en la defensa de los derechos colectivos en el País.
Comunidades de Cusco en alerta ambiental por el proyecto minero Crespo, luego de que un informe técnico de INAIGEM confirmara la presencia de glaciares en la zona que serían afectados, poniendo en riesgo el agua.
Las comunidades quechuas de Huini Coroccohuayco y Pacopata de Espinar apelaron la sentencia judicial que rechazó su demanda contra SENACE y la minera Antapaccay – Glencore por omitir la consulta previa en la aprobación del Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Coroccohuayco. Exigen respeto a sus derechos colectivos.
🔴Alerta OCM | Un conflicto territorial entre comunidades campesinas en Ayacucho, agravado por la presencia de la empresa minera Santiago 3 S.A.C. y la ausencia del Estado, desató un violento enfrentamiento dejando heridos y daños materiales.
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Un violento conflicto vinculado a la actividad minera sacudió a la comunidad campesina de Phara Toldoqueri, Sandia, Puno, luego de que un grupo armado, presuntamente liderado por un concesionario minero, intentara tomar por la fuerza tierras comunales.
Un nuevo enfrentamiento entre mineros en Atico, Arequipa, por el control de una zona aurífera, dejó nueve heridos y bloqueó la Panamericana Sur. El conflicto refleja la creciente violencia en un contexto de informalidad, ausencia del Estado y pugna de territorio.
Diversas alertas difundidas por redes sociales han reportado, desde la tarde del domingo 25 de mayo, una preocupante situación ambiental en la zona altoandina de la región Lima. Pobladores de la provincia de Oyón han denunciado la contaminación de los ríos Oyón, Churín, Huaura. Ríos que abastecen a las comunidades, los campos de cultivo y los ecosistemas de la zona.
El lamentable suceso ha puesto nuevamente en evidencia las condiciones precarias y peligrosas en que opera la minería informal en zonas remotas del país, donde no existe presencia efectiva del Estado ni fiscalización ambiental o laboral.
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