Foto: Yvette Sierra Praeli
El Ausangate no representa únicamente un nevado para las comunidades campesinas de Cusco. Es reconocido como un Apu tutelar sagrado, vinculado con su identidad, espiritualidad, memoria colectiva y forma de vida. Sus montañas, lagunas, manantes y pastizales forman parte de una relación ancestral con la naturaleza, de la que dependen la crianza de alpacas y ovejas, la agricultura y la disponibilidad de agua. Por ello, la preocupación frente a los posibles riesgos de la actividad minera trasciende lo ambiental y alcanza también la dimensión cultural y espiritual de quienes habitan este territorio.
En diciembre de 2019, el Estado peruano estableció, mediante el Decreto Supremo N.° 012-2019-MINAM, el Área de Conservación Regional (ACR) Ausangate, que comprende 66 514.17 hectáreas en las provincias de Quispicanchi y Canchis, en Cusco. Su creación busca conservar los ecosistemas altoandinos, los glaciares de la cordillera de Vilcanota y las lagunas que cumplen una función fundamental en la regulación hídrica. Estos espacios naturales sostienen la biodiversidad y las actividades agropecuarias de las comunidades, además de contribuir a la disponibilidad de agua para las poblaciones de la región.
A esta situación se suma la preocupación expresada por las Centrales de Rondas Campesinas de Ocongate respecto de los derechos mineros atribuidos a Qori Orcco II, en las inmediaciones de los sectores de Qolque Cruz y Viscachani. Las organizaciones comunales advierten sobre los posibles riesgos para las fuentes de agua, los manantes, los humedales y la laguna Sigrina Qocha, así como para el río Qolque Cruz, tributario del río Mapacho.
Rondas campesinas exigen fiscalización y protección del agua
Frente a este escenario, las Centrales de Rondas Campesinas de Ocongate emitieron un pronunciamiento el 1 de octubre de 2026, en el que rechazaron la actividad minera en las inmediaciones del Ausangate. Asimismo, exhortaron al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, al Gobierno Regional del Cusco, a la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, a la Municipalidad Distrital de Ocongate y a las centrales de rondas campesinas de Quispicanchi y Cusco a velar por el cumplimiento de la Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos. También solicitaron verificar los derechos mineros y permisos existentes, evaluar los posibles riesgos para las fuentes de agua y los ecosistemas altoandinos, y garantizar la protección del ACR Ausangate y de las comunidades de su entorno.
Las organizaciones también expresaron preocupación por el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de provisión de agua para riego, impulsado por la Municipalidad Distrital de Ocongate y el Plan Meriss Inka del Gobierno Regional del Cusco. La iniciativa comprende comunidades campesinas de la margen izquierda del río Mapacho, por lo que consideran necesario evaluar cualquier posible amenaza a las fuentes de captación de agua que abastecen a la población y sus actividades productivas.
En su pronunciamiento, las rondas campesinas invocaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 27908, Ley de Rondas Campesinas, para respaldar su compromiso con la defensa del territorio y los recursos naturales. Asimismo, demandaron acciones de fiscalización y evaluaciones técnicas que permitan determinar la situación de los derechos mineros y prevenir posibles afectaciones ambientales.
Riesgos para los ecosistemas y los medios de vida
La preocupación de las comunidades se centra en las posibles consecuencias de una eventual exploración o explotación minera sobre los bofedales, las lagunas, los manantes y las nacientes de agua. Una alteración de estos ecosistemas podría comprometer la disponibilidad de agua para consumo humano y riego, así como los pastizales naturales que sostienen la crianza de alpacas, ovejas y otros animales. También podría repercutir en la producción agropecuaria, la economía familiar y las prácticas culturales vinculadas con el territorio.
Aunque una concesión minera no implica necesariamente que exista actividad extractiva ni demuestra por sí sola un daño ambiental, la ubicación de estos derechos en un entorno de importancia ecológica hace necesario esclarecer su situación y evaluar los posibles riesgos. Las comunidades exigen que las autoridades actúen de manera preventiva, transparente y coordinada para garantizar la protección de las fuentes de agua y los ecosistemas altoandinos.
Para las comunidades campesinas, defender el Ausangate implica preservar un territorio sagrado, asegurar el agua que sostiene la vida y resguardar las condiciones necesarias para la continuidad de sus actividades productivas, sus tradiciones y las generaciones futuras. Por ello, la verificación de los derechos mineros y de sus posibles superposiciones con el área de conservación constituye un paso fundamental para responder a las preocupaciones comunales y prevenir posibles conflictos ambientales.