El 3 de noviembre, se llevó a cabo la continuación de la audiencia contra defensores ambientales. El Ministerio Público presentó su requerimiento acusatorio contra defensores ambientales de Cotabambas procesados por los hechos ocurridos durante las protestas de septiembre de 2015 en Cotabambas. Las penas solicitadas durante la audiencia van de 6 a 12 años de prisión por los presuntos delitos de disturbios y tenencia o fabricación ilegal de armas de fuego.
Durante la continuación de la audiencia de control de acusación por los hechos ocurridos en septiembre de 2015, en el contexto de las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, la Fiscalía expuso los fundamentos de su requerimiento acusatorio y precisó las penas solicitadas para los procesados.
La exposición estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho – Cotabambas, quien señaló que los hechos materia de investigación ocurrieron el 28 de septiembre de 2015, durante la huelga general indefinida desarrollada en las provincias de Cotabambas, Grau y Chumbivilcas.
Según la acusación fiscal, ese día alrededor de 300 efectivos policiales llegaron a la zona de Manantiales, en el acceso al campamento minero Las Bambas. En ese lugar se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes. La Fiscalía sostuvo que durante los incidentes se utilizaron piedras, guaracas y palos, mientras que los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos. También señaló que varios policías resultaron lesionados. Sin embargo, en el contexto de estas protestas también se registraron tres personas fallecidas y varios heridos, como consecuencia de los enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden.
La representante del Ministerio Público indicó que algunos de los procesados fueron intervenidos dentro de las instalaciones del campamento minero. Asimismo, explicó que, debido al bloqueo de las vías, no pudieron ser trasladados inmediatamente y que el 29 de septiembre fueron conducidos en helicóptero a Abancay algunos de los detenidos.
Por su parte, los defensores procesados señalan que llevan más de once años afrontando este proceso judicial sin que se haya demostrado fehacientemente su responsabilidad en los hechos. En tanto, para sustentar su acusación, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, entre ellos informes policiales, actas de intervención, fotografías, declaraciones de los procesados, actas de constatación y registros de visualización.
Penas solicitadas por la Fiscalía y reparación civil
Por los hechos imputados, el Ministerio Público solicitó 12 años de prisión para Javier Mamani Coaquira y 10 años para Edward Brandon Quispe Cuno. Para otros procesados pidió 6 años de prisión por el presunto delito de disturbios.
En cuanto a la reparación civil, solicitó 3 mil soles por cada defensor ambiental acusado, de manera solidaria, a favor del Ministerio del Interior, por el presunto delito de tenencia o fabricación ilegal de armas de fuego.
Durante la audiencia también se abordó la participación de los actores civiles en el proceso. La representante de la Procuraduría Pública del Estado señaló que el Estado se encontraba constituido como actor civil y planteó una reparación de 100 mil soles por daño patrimonial y extrapatrimonial, en el marco de la acusación por banda criminal. El monto comprende 60 mil soles por daño patrimonial y 40 mil soles por daño extrapatrimonial.
Por su parte, la representante de la empresa minera Las Bambas solicitó que se precise la situación procesal de la compañía y su participación en el pedido de reparación civil, haciendo referencia a una resolución de sala y al cuaderno 34.
En respuesta, el abogado David Velazco cuestionó que la empresa minera continúe interviniendo como actor civil en esta etapa, al señalar que el extremo penal relacionado con los daños ya había sido resuelto. Por ello, solicitó que se aclare su condición procesal.
Audiencia continuará el 27 de noviembre
La audiencia fue dirigida por el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Apurímac, quien dispuso continuar con el desarrollo del requerimiento acusatorio y dejó pendiente la revisión de la resolución superior y del cuaderno 34, relacionados con la reparación civil y la participación de la empresa minera.
La sesión se programó su continuación para el 27 de noviembre a las 3:00 p. m. Hasta el cierre de la audiencia no se emitió una decisión definitiva sobre la acusación fiscal ni sobre la responsabilidad penal de los procesados. Las penas señaladas corresponden a solicitudes del Ministerio Público y no a condenas judiciales.