La Fiscalía de Prevención del Delito de Islay archivó la denuncia por presunta omisión de funciones contra funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y de las municipalidades de Islay y Deán Valdivia, relacionada con la falta de respuesta ante los resultados de tamizajes que detectaron niveles elevados de arsénico y boro en pobladores del valle de Tambo. La decisión, emitida el 7 de octubre de 2026, dispone no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, según informó el diario Correo.
De acuerdo con los reportes periodísticos, las evaluaciones realizadas en 2023 por el centro de salud de Islay identificaron niveles elevados de estos elementos en aproximadamente 305 personas, de las cuales 295 eran niños. Los resultados generaron preocupación entre las familias, especialmente en el sector La Curva, en el distrito de Deán Valdivia, cuyos pobladores exigen atención médica especializada, seguimiento de la salud de los menores y acceso a agua segura.
Uno de los principales motivos de preocupación es la calidad del agua de la cuenca del río Tambo, que abastece a poblaciones del valle. Según las denuncias de la población y los reportes sobre el caso, el consumo de esta agua sería una posible vía de exposición al arsénico y al boro. Sin embargo, determinar el origen de los niveles detectados en los menores requiere evaluaciones médicas y ambientales que permitan establecer las fuentes y las vías de exposición.
En cuanto al origen de la contaminación de la cuenca, las denuncias de organizaciones ambientales y pobladores señalan los impactos de la actividad minera en las partes altas de Moquegua, particularmente los pasivos ambientales vinculados a la unidad minera Florencia-Tucari, de la empresa Aruntani. Esta zona se encuentra conectada hidrológicamente con el río Coralaque, afluente del río Tambo. La presencia de drenajes mineros y sustancias contaminantes en esta cuenca ha sido motivo de preocupación y de intervenciones de entidades públicas. Asimismo, las características geológicas de la región andina pueden contribuir a la presencia natural de determinados elementos, por lo que es necesario establecer, mediante estudios técnicos, cuánto corresponde a fuentes naturales y cuánto a actividades humanas.
Tras conocerse el archivo de la denuncia, los denunciantes y representantes de la población cuestionaron la decisión fiscal y reiteraron sus demandas de atención para los menores. Daniel Ugaz anunció una marcha desde Mollendo hacia la ciudad de Arequipa, prevista para hoy, 18 de octubre, con el propósito de visibilizar la situación y solicitar que la disposición fiscal sea revisada por las instancias correspondientes.
El archivo de la denuncia por presunta omisión de funciones no demuestra, por sí mismo, que no exista contaminación ni determina el origen de los resultados detectados en los análisis. Por ello, las familias esperan que las autoridades sanitarias garanticen la evaluación y atención integral de los escolares, mientras las entidades ambientales investigan las posibles fuentes de exposición y adoptan medidas para asegurar la calidad del agua.
El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad de las instituciones públicas frente a los riesgos ambientales que afectan a la población infantil. La atención médica oportuna, la vigilancia de la calidad del agua, la investigación ambiental y la información transparente a las familias son medidas fundamentales para proteger la salud de los menores del valle de Tambo.