Comuneros de Tambo Huancarama, en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, denunciaron una presunta afectación ambiental que habría sido ocasionada por la fuga de aguas residuales de la unidad minera Crespo. Según el acta comunal levantada el 12 de septiembre, el hecho habría contaminado el bofedal denominado Chiliyo Pampa y un riachuelo que forma parte de la cuenca que continúa hacia Punko, Babellón, Pararani y el río Tambo.
De acuerdo con el documento, el presidente de la comunidad, Paulino Huisa Pacco, habría advertido el incidente el 11 de septiembre, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando se produjo una fuerte fuga de aguas que los comuneros identificaron como residuales o de desagüe.
Los comuneros señalaron que, en el punto donde se produjo la descarga, encontraron papeles, desperdicios y restos que atribuyen a residuos humanos. Asimismo, indicaron que en el riachuelo afectado se encontraron aproximadamente cinco sacos de residuos y otros materiales que, según la comunidad, habrían quedado contaminados.
El acta también señala que el agua del riachuelo era utilizada para consumo humano y para el riego de bofedales pertenecientes a los comuneros Delfín Huisa Gutiérrez y Daniel Huisa Achiquipa. Este último, según el documento, habría sido directamente afectado por la presencia de residuos en el curso de agua.
Tras conocer el hecho, representantes de la empresa minera Crespo, identificados en el acta como los ingenieros Ricardo Alva Salas y Mark Vela, acudieron al lugar. Según la comunidad, los representantes de la empresa señalaron que no se habría producido contaminación como consecuencia del incidente.
Ante ambas posiciones, los comuneros acordaron paralizar temporalmente el acceso a la unidad minera Crespo y solicitar la intervención de las autoridades competentes para determinar si existió una afectación ambiental y establecer sus posibles causas y responsabilidades.
Como parte de los acuerdos, la comunidad informó que comunicará el hecho a las autoridades distritales y provinciales, así como a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Asimismo, los comuneros acordaron conservar los residuos y materiales recogidos del riachuelo hasta que se produzca la intervención de las entidades competentes, con el propósito de que puedan ser verificados y, de corresponder, sometidos a análisis.
La comunidad de Tambo Huancarama dejó constancia de estos acuerdos en un acta suscrita el 12 de septiembre de 2026 por los participantes de la reunión extraordinaria. La determinación de una eventual contaminación y sus impactos ambientales deberá ser establecida mediante la evaluación y verificación de las autoridades competentes.
Esta versión mantiene el carácter objetivo, evitando afirmar como hecho comprobado que la mina contaminó el agua mientras no exista un resultado de fiscalización o análisis ambiental.