El pasado viernes 30 de septiembre se desarrolló el Primer Encuentro de Comunidades Campesinas por la Amnistía Política contra la Criminalización de la Protesta en la comunidad de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.
El encuentro contó con la participación de representantes de diversas comunidades adyacentes a la minera Las Bambas, incluyendo comuneros que enfrentan denuncias y procesos judiciales. Además, asistieron familiares de los cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Pisaq, departamento de Cusco, recientemente sentenciados por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco en segunda instancia, por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. También estuvieron presentes en el encuentro Guillermo Bermejo, congresista de la República por Lima, e Isabel Taipe, congresista por Apurímac.
El objetivo principal del encuentro fue solicitar a los congresistas la presentación de un proyecto de ley que otorgue amnistía política a los comuneros que, al ejercer su derecho a la protesta, fueron identificados, denunciados y procesados por disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros cargos.
Rubén Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, declaró: “La comunidad de Pumamarca está al lado del tajo de Charcas, el tajo de Fuerabamba, y colindamos con la empresa Las Bambas. Cuando nosotros reclamamos, la empresa nos denuncia”.
En la reunión, que contó con la presencia de congresistas, Guillermo Bermejo expresó su compromiso de presentar un proyecto de ley de amnistía política para comuneros y comuneras que son procesados judicialmente por protestar contra la contaminación de la minera Las Bambas. “Yo los entiendo porque también he sido perseguido. Voy a presentar un proyecto de ley para apoyarles legalmente”, afirmó.
“Compañeros, están escuchando lo que pasa en la provincia de Cotabambas. Estamos presentando nuestra propuesta de ley de amnistía política. La empresa Las Bambas informa al Estado que están trabajando, pero no es así. Ustedes ven que aquí no hay apoyo ni de la empresa ni del Estado. Ni en agricultura, ni en salud, ni en educación. No tenemos locales, infraestructura, ni posta de salud. Nuestra agricultura no ha mejorado nada”, añadió Rubén Huamaní.
Así mismo, Julián Castro, comunero denunciado de la comunidad de Huancuire, provincia de Cotabambas dijo: “Cuando reclamamos, nos denuncian. Hay contaminación en nuestros ríos, el agua parece gelatina. Por eso protestamos y ahora nos encontramos denunciados. ¿Ya no podemos hablar? ¿Ya no tenemos derechos? Estamos denunciados injustamente. Nos sentimos abandonados por el Estado. Antes comíamos bien nuestro queso y papa, ¿dónde está el desarrollo que nos prometieron? Solo hay contaminación”.
Por otro lado, los familiares de Richars Camala, Ferdinan Huaccanqui, Redy Huamán y Joel David Hivallanca asistieron al encuentro para unir esfuerzos en la solicitud de amnistía política para estos jóvenes, quienes enfrentan sentencias ratificadas de entre 6 y 7 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando los jóvenes participaron en las marchas convocadas contra el gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, están detenidos en el penal de Quenqoro, en Cusco.Finalmente, la congresista Isabel Taipe presentó el proyecto de ley N° 8742/2024-CR, que busca conceder amnistía general a los miembros de las comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas en el ámbito del proyecto minero Las Bambas entre 2011 y 2019. Este proyecto, presentado al Congreso de la República el 29 de agosto, “busca restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta, beneficiando a quienes fueron denunciados, procesados o sentenciados por delitos como coacción, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos durante las manifestaciones en la zona”, según el texto del proyecto presentado.
3 de setiembre de 2024
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