En las comunidades campesinas de Chumbivilcas, una nueva jornada de protesta marca la agenda social de la región. Desde el 2 de marzo, pobladores de cuatro distritos de Llusco, Quiñota, Colquemarca y Ccapacmarca iniciaron un paro indefinido en rechazo al proyecto minero Crespo, ubicado en la zona denominada Apu Curasma del nevado Huanzo, considerada cabecera de cuenca del río Santo Tomás.
La medida de lucha es acatada por comunidades de Chumbivilcas. Bajo la consigna “Agua sí, mina no”, los comuneros han paralizado diversas actividades como una forma de expresar su preocupación por los posibles impactos ambientales que podría generar la explotación minera en la zona.
El conflicto se centra en el proyecto minero Crespo, gestionado por la compañía minera Ares S.A.C, operado por la empresa minera Apumayo S.A.C., una unidad de mediana minería a tajo abierto que contempla una inversión aproximada de 150 millones de dólares y reservas estimadas en 800 mil onzas de oro. Parte del plan contempla la instalación de una planta de lixiviación para el procesamiento del mineral, infraestructura que se ubicaría a más de 5000 metros sobre el nivel del mar.
Para las comunidades, el principal motivo de preocupación es el posible impacto sobre las fuentes de agua. El proyecto se ubica en la cabecera de cuenca del río Santo Tomás, un afluente del que dependen cientos de familias para el consumo diario, así como para el riego de cultivos y el sustento de la ganadería. “El agua es nuestra vida”, repiten los comuneros durante las movilizaciones, señalando que cualquier afectación podría comprometer el futuro de sus territorios en sus comunidades.
Dirigentes comunales también cuestionan que el avance hacia la etapa de explotación se estaría impulsando – según afirman – sin un proceso de diálogo claro ni garantías ambientales suficientes que aseguren la protección del ecosistema altoandino. En ese sentido, han pedido mayor transparencia sobre los estudios y medidas de control ambiental del proyecto.
Ante la falta de acuerdos, las comunidades han solicitado la intervención del Estado. El llamado está dirigido al Ministerio de Energía y Minas del Perú, al Ministerio del Ambiente del Perú, así como a entidades técnicas como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Los pobladores demandan la paralización de las actividades del proyecto y la instalación de una mesa de diálogo que permita evaluar la viabilidad técnica y ambiental de la operación minera en una zona considerada de alta sensibilidad ecológica.
Mientras tanto, van cinco días de paralización y la tensión se mantiene en la provincia. Las comunidades esperan la llegada de representantes del Gobierno para iniciar conversaciones que permitan atender sus demandas y evitar que el conflicto escale aún más en esta zona del sur andino del Perú.
06/03/2026
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