La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ratificó la absolución del defensor ambiental y exdirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Sergio Huamani Hilario, y declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la empresa minera Compañía Minera Antapaccay S. A., cerrando definitivamente el proceso judicial por presunta difamación agravada iniciado en su contra en 2022.
La decisión representa una nueva victoria judicial para los defensores y dirigentes sociales de la provincia de Espinar, quienes en los últimos años han enfrentado diversos procesos penales relacionados con denuncias y cuestionamientos sobre la actividad minera y sus impactos en el territorio.
Según la resolución, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el recurso presentado por la empresa no cumplió con los requisitos exigidos para una casación excepcional, debido a que sus argumentos se centraban en cuestionar el caso concreto y buscar una nueva valoración probatoria, algo que no corresponde a esta instancia judicial.
El origen del proceso
El caso se inició en 2022, cuando Sergio Huamaní realizó declaraciones públicas en medios de comunicación y espacios sociales sobre los impactos de la actividad minera en Espinar. Entre sus denuncias mencionó posibles afectaciones ambientales, daños a la salud de la población y la presión que enfrentan dirigentes y comunidades que cuestionan a la empresa minera.
A raíz de ello, Antapaccay interpuso una querella por difamación agravada y exigía tres años de pena privativa de libertad efectiva, además del pago de 230 mil soles como reparación civil.
En primera instancia, el dirigente fue absuelto por dos hechos y condenado por otro. Sin embargo, en mayo de 2024, la Sala Mixta Penal, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis revocó la condena restante y dispuso su absolución total.
Posteriormente, la empresa minera presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, argumentando que las declaraciones afectaban su honor y reputación. No obstante, el máximo tribunal declaró nulo el auto concesorio e inadmisible el recurso, dejando firme la absolución del dirigente social.
La resolución también dispone que la parte recurrente asuma el pago de los costos procesales, conforme al Código Procesal Penal a la empresa minera Compañía Minera Antapaccay S. A.
Libertad de expresión y derecho a cuestionar
Uno de los aspectos más importantes del fallo es el reconocimiento del derecho de las comunidades y organizaciones sociales a expresar preocupaciones y cuestionamientos sobre actividades extractivas que impactan en sus territorios.
La sentencia señala que las declaraciones de Sergio Huamaní no excedieron los límites de la libertad de expresión y que sus afirmaciones estaban vinculadas a hechos y documentos discutidos durante el proceso judicial.
Además, los magistrados reafirmaron que una empresa minera con fuerte presencia pública debe estar abierta al escrutinio y a las opiniones de la población, especialmente cuando estas provienen de organizaciones sociales que representan intereses colectivos.
Las denuncias realizadas durante años por las comunidades de Espinar han sido respaldadas por informes oficiales del Estado. Los Informes de Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) elaborados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2022 y 2023 confirmaron la relación entre las operaciones de Antapaccay y procesos de contaminación ambiental en distintos sectores de la provincia.
Para organizaciones sociales y defensores ambientales, el fallo de la Corte Suprema marca un precedente importante frente a los intentos de criminalización contra dirigentes y comunidades que denuncian impactos ambientales y exigen responsabilidades en sus territorios.
04/06/2026
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