ALERTA: ARBITRAJE A FAVOR DE EMPRESA CANADIENSE BEAR CREEK POR PROYECTO SANTA ANA

El pasado 2 de diciembre se hizó pública la resolución del tribunal arbitral que veía la demanda de la empresa canadiense Bear Creek, en contra del Estado peruano. El tribunal arbitral ha ordenado el pago de una indemnización a favor de la empresa de 30.4 millones de dólares canadienses.

Como se recuerda, la empresa minera había llevado al Estado peruano a un proceso de arbitraje al amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.  Bear Creek, propietaria del proyecto Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito, zona sur de la región de Puno, estuvo envuelta en el conflicto conocido como el aimarazo, el año 2011.

La empresa argumentó que sus derechos habían sido afectados, cuando en el año 2011, el gobierno de Alan García suspendió las concesiones mineras, a través del Decreto Supremo 032, de junio 2011, que buscaba poner fin al conflicto. El argumento central fue que con esa decisión en el Perú se había producido una expropiación indirecta en contra de la empresa y que se habían afectado sus expectativas de ganancia futura.

Algunos analistas señalan que para el tribunal arbitral, la revocación del permiso por parte del Estado peruano fue precisamente una expropiación indirecta y el monto de la indemnización ha sido calculado en función de la cantidad invertida por Bear Creek en el proyecto Santa Ana y no se ha tomado en cuenta la fórmula que la empresa había utilizado, precisamente en función de “expectativas de ganancia futura”. Cabe señalar que la empresa canadiense pretendía una indemnización de mil doscientos millones de dólares.

Lo cierto es que este es un nuevo caso en el que el Perú pierde un poceso de arbitraje internacional vinculado a demandas de empresas transnacionales. Habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos en este proceso arbitral y al mismo tiempo no estaría demás revisar la estrategia que desarrolla el Estado peruano frente a los diversos procesos arbitrales que enfrenta.

Por otro lado, cabe señalar que al inicio del segundo semestre del año fue condenado a 7 años de prisión efectiva el líder Walter Aduviri, por los delitos de disturbios y afectación a la propiedad pública y privada, por la revuelta del 26 de mayo de 2011 en contra del proyecto minero Santa Ana. La sentencia ha sido apelada y se espera el veredicto final.

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