A finales de octubre del presente año se anunció públicamente que la empresa china Andes Natural Resources Group ganó el proceso de venta directa de la mina de cobre Cobriza , ubicada en la región Huancavelica.
Sin embargo, el 16 de noviembre Alta Sierra Asesores y Consultores, el liquidador que la junta de acreedores contrató, anunció a través de un comunicado que el proceso de venta ha quedado desierto, y ha convocado a la junta de acreedores para sesionar el 01 y 04 de diciembre.
Imagen: Rumbo minero
La venta de Cobriza se consolidó con una propuesta de US$20.1 millones, tras once años de crisis financiera de Doe Run Perú, y tras nulos intentos de subasta pública y remates. Sin embargo, Andes Natural Resources Group no cumplió con el cronograma de pagos que terminaría de formalizar la venta.
Por su parte Yanet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, distrito donde se ubica el proyecto minero ‘Cobriza’, está preocupada por las afectaciones a su comuna con esta situación, pues con los plazos vencidos, uno de las opciones es rematar la empresa y sus recursos, afectando derechos laborales de los trabajadores, Meza afirmó que ‘Las comunidades se han esforzado mucho, tienen un capital, la empresa les debe 3 millones de dolares a las empresas comunales, somos víctimas de contaminación y afectación a la salud. La ley ampara a la empresa exonerándola por más de 24 años de impuestos prediales y alcabala, ahora enfrentamos la probabilidad de que rematen la empresa’
La exigencia de las comunidades y autoridades de San Pedro de Coris, es garantizar que la empresa compradora tenga fondos que permitan una sostenibilidad. ‘Somos un pueblo minero, aceptamos la minería, pero eso no significa que vamos a aceptar a cualquier inversionista que se va aprovechar de la necesidad de la gente, no me parece justo. Las comunidades deberían ser beneficiadas con la minería, pero no es así, 70% de nuestra población no tiene saneamiento básico, no tenemos escuelas, nuestro centro de salud es una casa’, sentenció Meza.
Para la alcaldesa de San Pedro de Coris, es muy probable que el conflicto social se agudice. Por eso sugiere que intervenga el Congreso de la República, enviando una comisión de fiscalización al proceso de liquidación, que ahora se declara nulo, y garantizar el nuevo que se definirá en los primeros días de diciembre. Para Meza, es la salida más viable para ‘asegurar que el proceso sea realmente legal, que vengan empresas serias y demostrar que Doe Run y Alta Sierra Asesores y Consultores no están coludidos’
17 de noviembre de 2020