Una nueva denuncia en Alto Huancané, sector Huinumayo, provincia de Espinar, Cusco, genera indignación y preocupación. En un video que se ha difundido en redes , una mujer asegura que no puede ingresar libremente a su vivienda y señala a la minera Glencore Antapaccay y a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la ocupación de sus tierras. El caso se suma a una denuncia anterior de la familia Isidro Cuti por el derrumbe de su vivienda. La situación ha generado indignación entre quienes exigen respeto a sus derechos, sus viviendas y sus territorios.
El caso recuerda lo ocurrido el 5 de septiembre de 2026, cuando familiares de Isidro Cuti denunciaron que su vivienda habría sido derribada durante su ausencia. Según sus testimonios, maquinaria de la empresa minera habría ingresado al lugar con personal de seguridad y resguardo policial, bajo el argumento de una presunta orden judicial. Desde entonces, los familiares han exigido una investigación transparente para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
La nueva denuncia profundiza la preocupación de la población, que cuestiona las condiciones en las que se estarían realizando estas intervenciones y el papel de las fuerzas policiales frente a los conflictos territoriales. Los testimonios difundidos señalan que la presencia de efectivos no estaría garantizando el acceso y la protección de los derechos de la mujer denunciante. Sin embargo, es necesario que las autoridades competentes verifiquen los hechos y determinen si las actuaciones denunciadas cuentan con sustento legal.
Ante esta situación, resulta urgente esclarecer quién autorizó la intervención, si existe una orden judicial y cuál es su alcance, así como investigar las circunstancias en las que se habría producido la ocupación de los terrenos y las restricciones de acceso a la vivienda. También corresponde que las instituciones involucradas brinden explicaciones y que se garantice la integridad de las personas afectadas.
Los familiares y pobladores exigen una investigación imparcial, el esclarecimiento de los hechos y el respeto de sus derechos territoriales. La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una preocupación fundamental para las comunidades de Espinar: que ningún conflicto relacionado con la actividad minera justifique vulneraciones de derechos y que las autoridades actúen con imparcialidad, en cumplimiento de la ley y en defensa de la población.
La población espera respuestas. ¿Qué ocurrió en Alto Huancané? ¿Existe una orden judicial que respalde la intervención y qué dispone exactamente? Las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.
Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento público de la empresa respecto a este caso.