En octubre de 2026, pobladores, dirigentes y autoridades de Chumbivilcas denunciaron a la Compañía Minera Crespo S.A.C. por la presunta destrucción de glaciares en el Apu Curasma, en la Cordillera Huanzo, distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, Cusco. La preocupación se centra en la afectación a las cabeceras de cuenca que alimentan ríos, quebradas y manantiales, y en el riesgo que ello implicaría para el acceso al agua de las comunidades campesinas de la zona.
Las denuncias señalan que las operaciones del proyecto minero Crespo, ubicado en la comunidad de Ccollpa Kjasiahui, estarían interviniendo formaciones de hielo consideradas reservas hídricas estratégicas para el territorio.
Según los informes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y las denuncias locales, las perforaciones y actividades del proyecto impactarían hielos macizos, permafrost y glaciares fósiles ubicados a más de 5,000 metros de altura en la zona de Curasma.
Estas formaciones, también denominadas glaciares rocosos, cumplen una función clave en la regulación hídrica de la cuenca, al almacenar agua y liberarla de manera gradual hacia las partes bajas. Por ello, los denunciantes sostienen que cualquier intervención sobre ellas no solo altera el paisaje, sino que compromete el equilibrio hídrico y la disponibilidad futura del recurso.
El principal temor de la población es el impacto sobre el río Santo Tomás. Los pobladores advierten que la lixiviación y las operaciones en la cabecera de cuenca ponen en peligro el suministro de agua para más de 18 comunidades, alrededor de 15,000 personas, que dependen de esta cuenca para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. En ese contexto, dirigentes y autoridades locales han insistido en que la protección de las fuentes de agua debe prevalecer sobre la continuidad de la actividad extractiva, al tratarse de un recurso vital para la vida y la producción campesina.
El conflicto se agudizó luego de que, en septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) autorizara elevar la capacidad de explotación y procesamiento del proyecto. La ampliación implicaría una inversión de US$ 47.7 millones por parte de Minera Crespo para aumentar su capacidad productiva. Para las comunidades y sus representantes, esta autorización resulta contradictoria con las denuncias de afectación ambiental y refuerza la exigencia de paralización inmediata hasta que se esclarezcan los impactos.
Intervención del OEFA
El caso tiene antecedentes. En diciembre de 2024, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició una supervisión a la unidad minera Crespo tras una denuncia por presunta contaminación del río Santo Tomás a causa de la rotura de una poza. La entidad anunció verificaciones técnicas y muestreos para evaluar los daños. Por su parte, la empresa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas para su etapa de explotación, aspecto que las comunidades consideran insuficiente frente a los hechos denunciados.
En el plano judicial y fiscal, en octubre de 2026 se informó sobre dos vías legales en curso. Por un lado, una Acción de amparo admitida por el Primer Juzgado Mixto de Santo Tomás, interpuesta por ciudadanos de la zona para frenar las actividades de la minera y exigir la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ordenó la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra altos directivos de la Compañía Minera Crespo S.A.C., por presuntos delitos de contaminación ambiental y alteración del ambiente o paisaje, tras la denuncia del comité de lucha. Según el abogado asesor de los comités, Paul Laime, existirían elementos que acreditarían contaminación severa de recursos hídricos, con hallazgo de plomo en cuerpos de agua por el desborde de la poza de cianuración, además de destrucción de hielos macizos.
Interviene la Cámara de diputados
Frente a las denuncias, la diputada Analí Márquez Huanca solicitó la paralización inmediata del proyecto y exigió la intervención urgente del OEFA para evaluar el impacto de las operaciones. En sus redes sociales, manifestó: «Hermanas y hermanos de Chumbivilcas, comparto su preocupación ante las denuncias de afectaciones a nuestros glaciares y fuentes de agua. Exijo que las autoridades ambientales investiguen, fiscalicen y esclarezcan lo que está ocurriendo. Si se comprueban daños, los responsables deben responder», y remarcó que ninguna actividad económica puede estar por encima del derecho a la vida y al agua. Asimismo, impulsa el Proyecto de Ley N° 753, que propone declarar la Zona de Protección de Recursos Hídricos del Apu Curasma, con el encargo a la ANA de delimitar técnicamente la zona y establecer medidas de conservación junto a otros sectores, respetando la propiedad de las comunidades campesinas. También emplazó al ministro de Energía y Minas a visitar la zona y dar explicaciones a los agricultores.
El caso se suma a la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente de déficit hídrico en Cusco dispuesta por el Gobierno, lo que eleva la sensibilidad social frente a cualquier afectación a las fuentes de agua. Ante el escenario de daños señalados en pastizales, ríos y glaciares rocosos, el abogado Laime adelantó que se evaluarán acciones legales correspondientes, una solicitud de medida cautelar y que la población exija una justa indemnización para que la empresa asuma la responsabilidad económica e histórica por el perjuicio provocado. Mientras tanto, las comunidades de Chumbivilcas mantienen la exigencia central: frenar las operaciones, esclarecer los daños y garantizar la protección del Apu Curasma y de la cuenca del río Santo Tomás.