El día de hoy se realizó la Audiencia Pública “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de la salud por contaminación con metales pesados y otros asociados a minería e hidrocarburos” organizada por la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afro-peruanos, ambiente y ecología del Congreso de la República.
Wilbert Rosas, presidente de la comisión, destacó que se habían realizado 3 audiencias públicas previas sobre este tema: una en Espinar, en Huaraz y en Nieva. Asimismo se ha impulsado la mesa técnica para la atención integral para ver la salud por contaminación por metales tóxicos, así como las actividades mineras e hidrocarburos.
Por su parte el congresista Pedro Olaechea expresó que es preocupante que el Estado que hace más de 50 años que pasa el oleoducto norperuano, y no hay el mantenimiento adecuado y que no ha beneficiado a la población de la zona.
El congresista Humberto Morales mencionó del caso de la minera Catalina Huanca que ha generado contaminación en el sur andino, así como del caso Tía María, que solo ha generado conflictos sociales. Considera que hay una confrontación entre los que defienden la vida, y los que defienden el lucro y la muerte
El congresista Marco Arana, denunció que muchos voceros mediáticos están amenazando de que si no se implementen más proyectos extractivos que si no se implementan se podría perder millones de dólares. Sin embargo el problema es el modelo de desarrollo. Muchos de esos millones deberían destinarse a remediaciones ambientales y a atender a los afectados por metales tóxicos.
La congresista Tania Pariona también habló de la importancia de la prevención a la hora de implementación de los proyectos extractivos. Es clave la implementación de un plan que atienda los temas de la salud de los afectados.
Los representantes del Poder Ejecutivo
Por su parte el Viceministro de hidrocarburos Eduardo Guevara dijo que este es un tema que debe abordarse de manera multisectorial. Cuando se habla de inversiones, se debe pensar de manera responsable y que se den todas las garantías a la población. “Estamos avanzado con planes para remediación de pasivos ambientales en temas mineros y de hidrocarburos. Hemos avanzado en la remediación de ex lotes petroleros como el Lote 1AB”, señaló.
José Miguel Flores, secretario de gestión social de la PCM. Señaló que en este tema no hay mayor discusión y debate y que están trabajando en prevenir esta afectación. Se comprometió a impulsar el Plan y medidas que se requieran para atender a los afectados por metales pesados.
De parte del Ministerio de Salud y de DIGESA informaron que están trabajando en el tema. Señalaron que la prevención y atención integral es el mensaje central de esta audiencia.
El director de asuntos ambientales del MINEM señaló por su lado que 8 mil pasivos, son de muy riesgo alto unos 206, mientras unos 281 son de alto riesgo. Este dato salió de un estudio conjunto con la ANA y el MINSA.
Marta Aldana, directora de asuntos ambientales del sector de hidrocarburos del MINEM, reconoció que existen serios problemas que vienen de las prácticas inadecuadas históricos de esta industria. Ahora hay una normatividad que exigen criterios para evitar la contaminación, pero en el futuro hay que acentuar la prevención de los impactos ambientales.
Finalmente Lissete Vasquez, del área del medio ambiente de la Defensoría del pueblo, señaló que son más de 12 años de la ley de hidrocarburos, pero no hay responsables y ningún pasivo remediado. Saludó que haya presupuestos para avanzar, pero aún falta mucho que hacer. Señalaron que la Mesa técnica que ha tenido 6 sesiones con diversos representantes del estado. El MINSA nos dijo que atendía las consecuencias, pero mientras que no estábamos trabajando en las causas.
“Hay que atender los impactos de la minería ilegal. Es urgente atender la remediación ambiental. Hace un año se elevó la propuesta desde la defensoría pero hay que insistir que se forma la mesa multisectorial,” enfatizó la funcionaria.
Imagen: Cuatro cuencas
Hablan los afectados
Primero expuso José Vargas, Alcalde del distrito de Chugur, de la provincia cajamarquina de Hualgayoc. Este distrito tiene una larga data con la explotación minera y presenta problemas de metales pesados en la sangre de la población, lo que llevó a que se declaró en emergencia en el año 2012 por metales pesados en niños y jóvenes. La propia hija del alcalde está afectada por la contaminación de metales. Expreso su preocupación por la contaminación en las cabeceras de cuenca, como el caso de los ríos muertos como el rio Perlamayo y espera que el gobierno actúe rápidamente.
Seferino Cana, representante de la provincia cusqueña de Espinar, expresó la preocupación de las zonas mineras de esta provincia, que han sufrido hace más de 40 años de la presencia de estas empresas y la contaminación de muchos comuneros que se han enfermado y algunos han fallecido con cáncer al pulmón.
Asimismo Hernán Echevarría de la región Pasco señaló que en esa región hay 546 pasivos ambientales mineros. Por eso piden que el MINEM implemente una política de Estado para remediar esta situación. Denunció que este ministerio estaría interfiriendo en la labor del Ministerio del ambiente, sobre todo de la OEFA que es la que tiene que fiscalizar a las mineras irresponsables.
El dirigente indígena Alfonso López de las cuatro cuencas de Loreto, que agrupa a más de 68 pueblos de la cuenca del Marañon, comentó que el año 2011 se inició el dialogo con el gobierno. El 2015 se firmó una primera acta. “La vida no es un negocio, y solo unidos los pueblos afectados podremos conseguir que se respeten sus derechos,” destacó el dirigente.
Imagen: Cuatro cuencas
Teresa Yunuc, de la comunidad Nazareth de Chiriaco señaló que ellos no son debidamente escuchados y que las autoridades no podrían vivir en las condiciones de contaminación que ellos padecen. Están esperando a los 5 especialistas que el gobierno prometió.
Por su lado el Apu Igler Sandi, representante del pueblo kichwa de la cuenca del río Tigre y de los afectados por el Lote 192, demandó un presupuesto para que funcionen las oficinas y los programas del gobierno para atender a los afectados. Señaló que desde el 2011 vienen demandando que se implementen las políticas.
Karen Luque, asesora de la plataforma de afectados señaló que ha habido un retraso por parte del Estado para diseñar e implementar políticas para atender a este sector. Denunció que los acusan de subversivos en vez de atender sus reclamos. Asimismo Mario Zúñiga, asesor de la Plataforma nacional, señaló que desde el Estado se debería actuar bajo 3 principios: la multisectorialidad, la participación y la descentralización.
Yolanda Surita, de la Plataforma nacional señaló que habían invitado a los representantes de la PCM, MINEM y MINSA pero no participaron de la reunión de trabajo para formar el Comité multisectorial. Destacó que en la audiencia se esperaban los informes técnicos de cada sector, y estaban decepcionados por esta ausencia. Finalmente destacó que la comisión multisectorial requiere de una norma que lo respalde para que sus reuniones y acuerdos no quedan en lo declarativo y debe haber un Plan estratégico de cada sector correspondiente.
08 de julio de 2019
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