Continuando con el cronograma de reuniones, ayer, en la zona de Asaccasi, se instaló el grupo de trabajo #1, cuya denominación es ‘Justicia y Derechos Humanos’, el cual forma parte del “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac ”, creado con Resolución Ministerial Nº264-2021 – PCM.
El primer compromiso de este espacio de diálogo es que la Dirección General de Defensa Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) remitirá, en los siguientes 15 días, un informe sobre los casos de dirigentes sociales criminalizados que están siendo patrocinados por la Defensa Pública. En base a esta relación, la Dirección General de Defensa Pública se encargará de reconocer aquellos casos en que los defensores públicos no estén cumpliendo su labor, tomando en cuenta también los reclamos que hagan las organizaciones sociales de base.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia se comprometió a trasladar a la Fiscalía todos los pedidos de remoción, cambios y otra información que compartan las organizaciones y comunidades, pues consideran que los procesos judiciales que enfrentan los dirigentes y líderes sociales se han iniciado de manera injusta.
Otro compromiso que asumió el MINJUSDH fue la elaboración de un informe sobre estándares internacionales aplicables en nuestro país en el marco de las protestas sociales para prevenir la criminalización de la protesta social. Este informe será publicado por el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia y será elaborado en coordinación y respaldo de la PCM.
Finalmente, las comunidades plantearon su pedido al gobierno para que evalúen la aprobación de un Decreto de Urgencia que otorgue un apoyo económico o un fondo de acción humanitaria a favor de las familias de los cuatro comuneros fallecidos durante las protestas en los años 2015 y 2016.
02 de diciembre de 2021