Centenares de personas se movilizaron de manera pacífica el 1 de agosto de 2024 en el distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac. Diversas delegaciones se reunieron para expresar su solidaridad y apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos recientemente sentenciados por ejercer su derecho a la protesta en contra de la modificatoria del Estudio de impacto ambiental- EIA de la empresa MMG Las Bambas.
Las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas, Apurímac, exigen la destitución del juez Andrés Avelino Flores y del fiscal Fredy Manchego, a quienes acusan de parcialidad a favor de la minera Las Bambas. Simultáneamente, demandan al gobierno de Dina Boluarte que detenga la presunta persecución penal y política contra dirigentes sociales, especialmente por parte de los procuradores del ministerio del Interior.
En un movimiento que intensifica el conflicto, los manifestantes han lanzado un ultimátum a la minera Las Bambas, exigiendo el cese inmediato de lo que denominan una “campaña de criminalización” contra líderes comunitarios. Además, solicitan la presencia urgente en Cotabambas de autoridades nacionales, incluyendo representantes del Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio Público, el ministro del Interior Juan Santivañez, y delegados del ministerio de Justicia. Estas demandas se enmarcan en una larga historia de tensiones entre las comunidades locales y la actividad minera en la región, reflejando la creciente frustración por la percibida falta de respuesta a sus preocupaciones
Así mismo, en una rueda de prensa la Asociación de defensores y defensoras de la provincia de Cotabambas y Grau, manifestaron que realizarán una conferencia de prensa en la ciudad de Abancay el día 7 de agosto.
Contexto de la movilización
La manifestación se produce en respuesta a la sentencia emitida el pasado 25 de julio por el Juzgado unipersonal de Cotabambas. En dicho fallo, 11 defensores y defensoras acusados de delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos recibieron dictamen de penas privativas de libertad que oscilan entre 8 y 9 años, además de una reparación civil “solidaria” de 50,000 soles en favor del Estado y 88,600 dólares para la empresa minera MMG Las Bambas. Este fallo es considerado una criminalización de la protesta social y la defensa de derechos humanos.
Durante la audiencia de lectura de adelanto de sentencia, el tribunal basó su condena en pruebas indirectas, sin detallar suficientemente la responsabilidad de los acusados como autores mediatos de los delitos imputados. Esta decisión ha sido cuestionada debido a la falta de una explicación clara sobre la autoría mediata, a pesar de que la acusación fiscal se centraba en este punto
Entre los sentenciados a pena privativa de la libertad, se encuentran:
- Virginia Pinares Ochoa (8 años y 10 meses) conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2022. Quien fue presidenta del Comité de lucha interprovincial de Cotabambas- Grau (comité conformado para lucha por las modificaciones del Estudio de impacto ambiental de MMG Las Bambas)
- Rodolfo Abarca Quispe (9 años) ex presidente del Frente de defensa de la provincia de Cotabambas
- Ronal Andrés Vello Abarca (9 años) ex presidente del Frente de defensa del distrito de Tambobamba
- Juan Pablo Conislla Gallegos (8 años con 8 meses) ex presidente de la Federación de Comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho
- Jacinto Limalucas (8 años con 8 meses) ex dirigente de Frente de defensa del distrito de Challhuahuacho
- Alem Torres Garces (9 años) profesional técnico indignado por las modificatorias del EIA
- Maximiliano Huachaca Mamani (8 años con 11 meses) fue integrante de la Federación interprovincial de defensa del territorio y del ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau
- Walter Moreano Andrade (8 años y 8 meses) quien fue dirigente de la comunidad de Record Cconccacca y actual alcalde del distrito de Progreso
- Romualdo Ochoa (8 años con 8 meses), ex presidente de la Comunidad de Huancuire
- Lisbeth Abarca Peña (9 años) presidenta del barrio de Huancayo- Tambobamba
- Cosme Bolivar Escudero (8 años con 8 meses) quien fue presidente de la Comunidad campesina de Chumille.
Antecedentes del caso
Los hechos que llevaron a estas sentencias se remontan a septiembre de 2015. En aquel entonces, representantes de diversos frentes de defensa de Cotabambas y Progreso-Grau iniciaron protestas contra las modificaciones al Estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas. El punto central de conflicto fue el cambio de un mineroducto por el uso de vías terrestres para el transporte de minerales.
Durante estas manifestaciones se registraron enfrentamientos con la policía que resultaron en tres fallecidos producto de la represión: Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca y Alberto Cárdenas Challco. Posteriormente, la empresa minera MMG Las Bambas presentó denuncias contra los manifestantes por daños agravados, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos.
02 de agosto de 2024
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