Los alcaldes de la provincia apurimeña de Cotabambas pedirán al Gobierno un fondo de compensación social de S/ 800 millones si no se solucionan los bloqueos en el corredor minero del sur, advirtieron en una carta enviada a la PCM. Hace casi tres semanas las comunidades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas han vuelto a bloquear esta vía como medida de protesta en contra de la empresa minera MMG Las Bambas.
A través de un oficio, con fecha 5 de diciembre, enviado a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, los alcaldes afirman que las manifestaciones “ponen en grave riesgo la asignación de regalías contractuales y el canon minero”. Si el gobierno de turno no soluciona el conflicto, la provincia de Cotabambas planteará al Estado Peruano, por principio de justicia, otorgar a Apurímac un fondo de compensación social, agregan.
El fondo de compensación social que plantean obedece al dinero que la región proyectaba percibir por concepto de regalías y canon para cumplir con los proyectos de desarrollo programados para el ejercicio 2022.
Además, proponen que el gobierno central habilite una ruta alterna para que la empresa minera continúe con normalidad el traslado del concentrado de cobre y otros materiales que necesitan para sus operaciones.
“No es posible que algunas comunidades pequeñas de otra región (Cusco) afecten la economía de todo un país y de toda una región (Apurímac). Se deben tomar acciones de excepcionalidad con carácter de urgencia”, señalan en el documento, que aún no tiene respuesta de la PCM.
La semana pasada, MMG Las Bambas anunció la suspensión de sus operaciones debido a los constantes bloqueos que no permiten el traslado del cobre. El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) entrevistó a Naara Cancino, economista de CooperAcción sobre esta situación. ‘Esta decisión podría haber servido de presión al gobierno para que cumplan con habilitar las vías, o como lo han señalado los mismos dirigentes, para que declaren el estado de emergencia y se envíe presencia militar y policial, como lo han hecho otros gobiernos, sino miremos el conflicto del 2015, con 5 comuneros fallecidos’, señaló.
Por otro lado, para la economista “las negociaciones efectuadas estos días evidencian que el área de influencia está de acuerdo con las operaciones de la mina. Estas cartas que envían las autoridades pidiendo al gobierno que resuelva el conflicto, es un indicador de que no son antimineras, en contraste con lo dicho por algunos medios de comunicación. Las comunidades que protestan, tienen la expectativa de recibir una contrapropuesta que incluya canon, proyectos de inversión social, acuerdos de contratación, entre otros, beneficios que han estado esperando por cinco años y que al parecer la empresa se muestra reticente de hacer, lo que agudiza el conflicto” señaló para el OCM Naara Cancino.
Caso Challhuahuacho
Similar iniciativa tuvo el alcalde provincial de Challhuahuacho, Porfirio Gutierrez Paniura, quien envió una carta al presidente de la República, Pedro Castillo. En el documento la autoridad explica que como municipalidad han realizado más de 60 proyectos gracias al presupuesto de las regalías mineras. En ese sentido expresó su preocupación, pues este presupuesto podría ser reducido o alterado para el año fiscal 2022.
La autoridad concluye su carta solicitando al presidente solucionar lo antes posible el conflicto en los territorios de Chumbivilcas, que, a largo plazo, podrían afectar la economía de Challhuahuacho y sus comunidades.
Posición del GORE
El actual Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, mantiene una posición similar, pues el 04 de diciembre, a través de una entrevista a RPP, solicitó al gobierno “retomar el principio de autoridad del país, no se puede hacer abuso de la protesta”.
En la misma entrevista, Lantarón recalcó que el pedido de las comunidades de Chumbivilcas resulta ‘inviable’, pues las comunidades afectadas directamente se encuentran en Cotabambas, recomendó que insistan en las negociaciones con la minera y con la mediación del gobierno central para llegar pronto a un consenso.
9 de diciembre de 2021