El colapso de una poza de relaves en Pampa Blanca, Puno, genera una nueva alerta ambiental por el riesgo de contaminación de la cuenca del río Ramis, una zona que enfrenta problemas de contaminación minera desde hace años y cuyas aguas desembocan en el lago Titicaca.
La Fiscalía de Islay archivó la investigación contra defensores del Valle del Tambo vinculados a las protestas contra Tía María, al no encontrar pruebas suficientes para identificar a los responsables de los hechos denunciados.
El accidente en Las Bambas, Apurímac, dejó dos trabajadores fallecidos y tres heridos y paralizó temporalmente las operaciones. El hecho vuelve a poner en alerta la seguridad laboral en la minería, que acumula 508 accidentes mortales y 555 víctimas entre 2007 y mayo de 2026, según Osinergmin.
La Municipalidad Provincial de Pasco presentó una demanda de amparo ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima contra Volcan Compañía Minera y sus subsidiarias Empresa Minera Paragsha, Empresa Administradora Cerro S.A.C. y Óxidos de Pasco, por vulnerar derechos fundamentales de la población, entre ellos el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida y a la integridad personal
La Planta de Beneficio “Yolita”, en Chumbivilcas (Cusco), opera en medio de graves denuncias por contaminación ambiental, minería ilegal, amenazas y vulneración de derechos de la comunidad originaria de Huallpamayo, evidenciando además serias deficiencias del Estado en la fiscalización y control de la actividad minera.
Pobladores, dirigentes comunales y autoridades del distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, iniciaron desde la madrugada del martes 12 de mayo una huelga indefinida y el bloqueo del Corredor Vial Sur, vía estratégica por donde circulan diariamente los camiones de la empresa minera Las Bambas y que conecta las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.
El Poder Judicial del Perú emitió una sentencia considerada un fallo histórico al anular siete concesiones mineras que abarcan 6400 hectáreas en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, región Puno, debido a que fueron otorgadas sin cumplir con el derecho a la consulta previa de las comunidades aymaras.
El 25 de marzo en el distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, convocada para analizar la problemática ambiental y social vinculada al proyecto minero Crespo, concluyó sin resultados concretos ni decisiones vinculantes frente al conflicto. La jornada reunió a autoridades locales, representantes del Ejecutivo, organizaciones sociales y población de comunidades campesinas, en medio de un clima de creciente preocupación y protesta, donde la falta de capacidad resolutiva por parte de los funcionarios del Estado fue uno de los principales cuestionamientos planteados.
El Primer Juzgado Constitucional de Lima, volvió a suspender la audiencia única correspondiente a la demanda de amparo presentada por agricultores del Valle de Tambo. La acción legal está dirigida contra autoridades ambientales, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern Perú, cuestionando por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
Comunidades campesinas de Chumbivilcas protestan desde el 2 de marzo bajo la consigna “Agua sí, mina no”, expresando su preocupación por el Proyecto Minero Crespo, gestionado por Compañía Minera Ares S.A.C. y operado por Apumayo S.A.C., debido al posible impacto en las fuentes de agua de la cabecera de cuenca del río Santo Tomás.
Audiencia por contaminación ambiental en Espinar fue reprogramada por cuarta vez, prolongando la espera de justicia para las comunidades afectadas, representadas por la Asociación Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cusco (PAMATEC) y la Comunidad Campesina Huisa, frente a la Compañía Minera Antapaccay
Los agricultores de Moquegua y Ilo amenazan con cerrar el proyecto Quellaveco ante el incumplimiento de la empresa Anglo American Peru en la construcción de la represa Asana, al considerar que esta situación pone en riesgo el acceso al agua para el valle y vulnera los acuerdos firmados hace más de una década.
Mientras la contaminación sigue afectando la salud de miles de familias, el Ejecutivo vuelve a ausentarse en Espinar, dejando sin respuestas una de las crisis ambientales más graves del sur del país.
La audiencia será evaluada y representa uno de los últimos recursos legales de los pobladores para frenar el avance del proyecto, que consideran una amenaza directa para la agricultura, el agua y la salud de la población del valle.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales contra defensores del Valle del Tambo que participaron en protestas pacíficas contra el proyecto minero Tía María, al no encontrar pruebas.
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